El Estado enfrentará un cambio de modelo en abril de 2019. Desde entonces, los servicios públicos e instituciones del gobierno central deberán presentar los primeros estados financieros bajo las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
Lo complejo, tal como lo reveló ayer el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, es que la entidad no tiene la capacidad para desplegar auditorías en todo el aparato público para corroborar su aplicación. “Los recursos institucionales son siempre escasos, nosotros tenemos una capacidad limitada para hacer todo el trabajo, vamos a tratar de ser lo más eficientes posibles para hacer el control más estratégico que se pueda”, afirmó.
Explicó que luego del trabajo de las empresas auditoras externas “la Contraloría debe también auditar pero de manera selectiva” y le expuso al titular de Hacienda, Felipe Larraín -presente en el seminario sobre la materia-, que la decisión se debe solamente a la falta de recursos. “Vamos a tener que discutir con usted ministro, porque auditar los estados financieros tiene mucha relevancia, pero un costo que alguien debe asumir”, expuso.
Bermúdez recordó que “hoy ya se hacen auditorías a algunas municipalidades y empresas públicas, pero calculamos que valen entre $ 30 millones la más barata en una municipalidad a $ 120 millones en una institución como Corfo”.
A esto, sumó otra dificultad: “Un 20% de directores de servicios públicos no saben que deben rendir esta cuenta el próximo año. Esta es una normativa que va a transparentar y ayudar a saber cuál es la plata pública, cuánto se debe y cuánto se está gastando”.
Sobre el decreto sobre el ajuste fiscal retirado de la Contraloría por Hacienda para el presente ejercicio, indicó que “es una facultad del Ejecutivo retirarlo y eso ocurrió”.
Consultado si hay alguna complejidad si se retrasa su reingreso, precisó que la mayor parte de la ejecución del presupuesto se realiza el segundo semestre, “así que no debe haber mayores dificultades”.
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