Una inédita medida permitirá agilizar el proceso de expulsión de ciudadanos extranjeros hasta febrero del próximo año.
Se trata de una exención temporal que la Contraloría General de la República dispuso para la toma de razón que la entidad debe realizar respecto de los decretos y resoluciones de expulsión emitidos en contra de ciudadano extranjeros, actuaciones que le corresponden al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a cada una de las intendencias regionales, respectivamente.
La resolución del órgano de control fue adoptada en enero pasado y tendrá efecto durante un año calendario. Es decir, será aplicable a cada acto adminsitrativo que haya sido dictado a partir del 1 de febrero de 2018 hasta la misma fecha del próximo año.
Según se puede leer en el documento firmado por Jorge Bermúdez, la resolución consideró que “en los último años, en general, la tramitación de dichos actos administrativos se ha ajustado al marco normativo, sin haberse formulado observaciones de relevancia”.
Ante esto, el texto sostiene que “actualmente, la mayoría de dichas actuaciones son cursadas en el trámite de toma de razón”.
A ello agrega que durante 2017, de las 1.900 resoluciones de expulsión que se sometieron a la revisión del ente, solamente 81 fueron devueltas a las intendencias para su revisión, “lo que corresponde a un 4,4% del total de actos examinadaos”, remarca.
En el caso de los decretos, únicamente 5 de los 280 actos de deportación recibieron observaciones, un 1,9%.
Así, Bermúdez fundamentó su decisión de suspender temporalmente el procedimiento teniendo en cuenta “los principios de eficacia, eficiencia y economicidad, que obligan a racionalizar el uso de los recursos humanos”.
En su decisión, el contralor determinó que tanto la cartera liderada por Andrés Chadwick como cada intendencia regional “deberán remitir a la Contraloría General o Regional correspondiente, en los meses de julio y diciembre de 2018, una nómina que individualice a todos los decretos y resoluciones dictadas sobre la materia, con expresión de su numeración, fecha, objeto o contenido y sujetos”.
Visión de La Moneda
La medida temporal se suma al proyecto que el Ejecutivo ingresó el lunes, y que busca disponer la deportación inmediata de aquellos ciudadanos extranjeros condenados por los delitos de tráfico de drogas, y robo con violencia o intimidación.
Consultado sobre la disposición de Contraloría, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que “esto se debe básicamente por el volumen de decretos, y por la baja tasa de errores se tomó la decisión soberana desde contraloría de no mandarlos a toma de razón”.
“Esta decisión se tomó meses antes de que llegáramos al gobierno, no veo nada especial, esto es una decisión soberana, porque la toma de razón es para prever errores en los procedimientos y si se exceptúa me imagino es que estará satisfecho con los niveles de precisión administrativa”, agregó.
Con todo, la decisión se ajusta a los planes del Ejecutivo, que en abril dio inicio al proceso de regularización migratoria, y que según Ubilla, llevaría a sobrepasar las dos mil expulsiones en el presente ejercicio.
“Esa es una señal clara e inequívoca de que nos tomamos en serio el concepto de ordenar la casa”, dijo Ubilla en junio pasado.
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