La Contraloría General de la República presentó ayer las instrucciones para los funcionarios públicos con motivo de las elecciones municipales de este año.
Tal como indicó la Contraloría, “es obligación primordial de los servidores públicos cumplir fiel y esmeradamente, dentro de su competencia, los cometidos propios de sus cargos”. El documento agrega que “el personal de la administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de Administración”.
Esta prohibición también rige para los funcionarios que hayan inscrito sus candidaturas a concejal o alcalde, quienes, señala el informe, pueden, en general, continuar ejerciendo sus cargos pero no emplearlos en beneficio de esa candidatura.
Además, la entidad reiteró que los recursos con los que cuentan los entes del Estado, deben destinarse exclusivamente a los objetivos propios fijados en la constitución. Así entonces, la Contraloría decretó que es “ilícito usar esos recursos para realizar o financiar actividades de carácter político contingente, tales como hacer proselitismo o propaganda política en cualquier forma o medios de difusión, promover o intervenir en campañas o efectuar reuniones o proclamaciones y disponer contrataciones a honorarios para esas finalidades”.
“Es útil agregar que los organismos públicos que dispongan de periódicos, revistas, radio o televisión u otros medios de información electrónicos o, en general, de comunicación social -en las condiciones fijadas en la ley y la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora-, no podrán destinar sección o espacio alguno de esos medios para realizar propaganda política o para favorecer o perjudicar cualquiera candidatura o partido político”, informa el documento.
Finalmente, el organismo fiscalizador prohibe a los funcionarios públicos “intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tenga el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive”. Junto con eso, emplazó a no efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad sin tener fundamentos, o de las cuales se constate su falsedad o el “ánimo deliberado de perjudicar al denunciado”.
Finalmente, el documento que deberá ser distribuido a todas las municipalidades de la Región Metropolitana, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y Contralorías regionales para su conocimiento y difusión recomendó no disponer de servicios no personales o a honorarios para finalidades políticas, o en general, ajenas a los objetivos del servicio.
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