La máxima autoridad de la Corte Suprema, Haroldo Brito, le pidió ayer al presidente Sebastián Piñera no recortar $ 7 mil millones al Poder Judicial en el marco del plan de austeridad fiscal que impulsa el Ejecutivo.
Tras la reunión con el mandatario, el juez explicó que la audiencia tuvo el propósito de exponer las dificultades presupuestarias que tendría su área de mantenerse los criterios de reducción pensados para la administración del Estado.
Brito agregó que el afán de dar una buena prestación del sistema de justicia se puede ver afectado de algún modo por una reducción del presupuesto en curso.
Pese a esto, dijo que Piñera mantuvo el criterio del ajuste: “El Presidente nos hizo presente las dificultades de caja fiscal y nos dijo que esta era una cuestión que para el gobierno debía hacerse, que mantenía su posición”.
Sin embargo, Brito anticipó que “estuvo dispuesto a revisar nuestra propuesta y poner a trabajar los equipos técnicos del gobierno y el Poder Judicial con el propósito si era posible o no atender nuestras preocupaciones”.
Saturar tribunales
Consultado por las declaraciones de Piñera en el sentido que seguirán con los procedimientos de Carabineros para detener a personas con antecedentes, aunque ello implique “saturar los tribunales”, precisó que “la seguridad pública es de responsabilidad del gobierno, principalmente a través del ministro del Interior, eso hay que tenerlo en cuenta”.
El timonel de la Suprema agregó “no tengo el hábito de opinar acerca de lo que deben hacer los restantes poderes del Estado, pero sí puedo decir que entiendo que la saturación que han hecho presente los jueces de garantías dice relación con las circunstancias en que se han desarrollado los procesos de detención. La acumulación de personas por largas horas es una cuestión que también debe preocupar, los imputados me han informado han tenido escaso tiempo para relacionarse con sus defensores y eso es algo bastante importante”.
Admitió que no pueden pedirle al Ejecutivo que deje de obrar como lo está haciendo. “La forma de trabajo en seguridad es a través de las resoluciones, pero si el gobierno quiere seguir con estas cosas, que están dentro de sus atribuciones, seguramente habrá que establecer algún mecanismo para asegurar que esto tenga un desarrollo más considerado con las personas”, dijo.
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