El académico y director del magíster de Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibánez, Cristóbal Portales, critica el modo en que el gobierno y la clase política han reaccionado a los polémicos casos Penta, Dávalos y SQM. Argumenta que al eludir soluciones concretas al tema, sólo han acentuado la crisis.
-¿Qué efectos tiene, en la ciudadanía, la mediatización de estos casos?
-Otorga a las personas un sentido de justicia temporal, una sensación de que los mantos de impunidad y salidas negociadas a estos delitos que protegían a parte de una elite, van en retirada. Pero esa misma exposición, en algunos casos simulando un verdadero circo romano, va generando un mayor grado de ansiedad en la población. Porque si bien se evidencian condenas, no se difunden salidas creíbles al problema. La Justicia sanciona, pero es la institucionalidad política y gremial-empresarial, más allá de ciertas comisiones y deliberaciones oportunistas, la que debe dar respuesta rápida, honesta y profunda si quiere mejorar su reputación.
-¿Y esa respuesta se ha dado por parte de los sectores involucrados?
-Hoy el gobierno, los partidos y una mayoría empresarial actúan tendientes a mejorar su imagen en el corto plazo, venden un discurso de probidad para la prensa, pero sin avanzar en medidas que restituyan su credibilidad. La misma Presidenta poco y nada ayuda a revertir el descrédito institucional al socavar ética y formalmente nuestras instituciones.
-¿En qué sentido?
-Porque al recurrir a un ente externo nombrando un Consejo Asesor Presidencial anticorrupción, reconoce tácitamente la incapacidad del Parlamento, de los partidos políticos, del Consejo para la Transparencia y del mismo Ejecutivo para llegar a un acuerdo y adoptar medidas que regulen la relación política-dinero. Por otro lado, la Presidenta tampoco contribuye a revertir el descrédito al obviar rectificar las actuaciones, a lo menos poco éticas, de su hijo. A la ciudadanía no le basta con que ella apunte al dolor que sufre como madre, demandan un mayor liderazgo, menos comisiones, y no delegar el problema en otros, sino que ella como líder del país, tome las medidas para terminar con este problema. Tanto las instituciones políticas como empresariales deben entender que la política del profit, o ganancia de corto plazo a partir de prácticas poco éticas o ilegales amparadas por una cultura del status quo, ya pasó.
-Hasta ahora, ¿cómo evalúa la estrategia comunicacional de los políticos ante la situación?
-La estrategia seguida hasta ahora por el gobierno y los partidos, en la línea de negar primero, luego reconocer pero apuntar con el dedo a otros para desviar atención y finalmente aceptar la evidencia pero proponiendo medidas parche, sólo contribuye a aumentar la ansiedad y desconfianza ciudadana. Los actores políticos han dado muestras de desconocer a las nuevas audiencias y electorado, que ya no son susceptibles de un engaño o manipulación, y exigen coherencia del discurso que se vende.
-¿Cree que ha habido un cambio en el discurso del gobierno del "dejemos que las instituciones hagan su trabajo", al "caiga quien caiga"?
-Ha habido un leve cambio, pero a raíz de evidencia que hace imposible eludir los hechos. Surgen dos visiones en creciente tensión: o jugamos a evadir, ocultar y victimizar para controlar daños, o entendemos el problema como una auténtica crisis y avanzamos caiga quien caiga. Esa tensión se ha visto dentro de La Moneda, partidos, y también dentro de ciertos sectores empresariales.
-¿Cómo ve la estrategia de Jovino Novoa de guardar silencio?
-La estrategia de Novoa en la línea de callar, negar su responsabilidad en los hechos y pasar a la ofensiva desacreditando al Ministerio Público podrá contribuir a su salvataje personal, pero profundiza el descrédito de la institucionalidad política y jurídica.
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