Cuando el presidente Sebastián Piñera anunció la reforma tributaria, uno de los temas que generó más expectación entre los expertos fue la creación de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), una figura que tendrá como misión ser un contrapeso a favor del contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otras entidades de la administración tributaria.
Sin embargo, con el pasar de los días y el ingreso del proyecto al Congreso, comenzaron a surgir las primeras críticas hacia esta figura, ya que si bien tendrá por objeto velar por la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes “en especial de los más vulnerables”, según se lee en la iniciativa legal, hay sectores que critican que sus atribuciones “son limitadas”.
Según precisa el proyecto de ley, la Dedecon dependerá de Hacienda y dentro de sus funciones podrá “actuar como tercero en los procedimientos de mediación entre contribuyentes y el SII, fomentando la aproximación de las partes y cooperando para que ellas logren un acuerdo sobre las pretensiones sostenidas por cada uno de ellos”.
Este punto es el que tiene divididos a los actores, ya que si bien a modo general se valora la creación de un defensor, hay quienes cuestionan que en términos prácticos tendrá efectos acotados, ya que está impedido de litigar a favor de los contribuyentes.
Diferencias
“La Dedecon es la gran novedad del proyecto de modernización tributaria y uno de sus pilares fundamentales, ya que constituye una pieza fundamental para garantizar los derechos de los contribuyentes y dar seguridad jurídica al ordenamiento tributario al permitir controlar las facultades discrecionales con que cuenta el SII”, valora Christian Blanche, socio fundador de Tax Advisors e integrante de la comisión tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Pese a eso, Blanche es claro en sostener que la propuesta legal debería otorgar el privilegio de pobreza -también conocido como beneficio de asistencia jurídica- “a las personas y emprendedores que no cuentan con recursos para pagar un abogado particular, honrando la garantía constitucional del derecho a defensa judicial que es un derecho humano”.
Esta postura es compartida por Rodrigo Benitez, socio líder de Tax & Legal de BDO Chile, quien agrega que la entidad “queda con pocas facultades, lo único que puede hacer es mediar pero no litigar, y la problemática surge justamente con aquellas empresas pequeñas que no tienen recursos para contratar un abogado. Quedó muy debil por el lado de las funciones y también por el lado de la independencia, porque sigue dependiendo del Ministerio de Hacienda”.
En la vereda contraria, Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, rescata que el modelo planteado por el Ejecutivo es similar al de EE.UU, destacando que dicho mecanismo tiene la función de estudiar, analizar y presentar propuestas de recomendación normativa tributaria.
En relación a la decisión del gobierno de que esta figura no pueda litigar, Hermann sostiene que fue una decisión acertada. “Es absurdo que quien realiza la mediación por un lado sea a la vez por otro representante judicial tributario del contribuyente. Dicha dualidad es improcedente porque el mediador debe ser especialmente cuidadoso en la preservación de su neutralidad”, dijo.
Misma opinión tiene Ignacio Gepp, director de Puente Sur Tax Advisory, quien destaca que esta figura está presente en varios países de la región. “La Dedecon viene a dar una mano a los contribuyentes que antes no existía. Es una figura para que no les vulneren sus derechos, y eso me parece super importante. Es de las cosas de justicia social más grandes que he visto en materia tributaria”.
Desde el gobierno, en tanto, la coordinadora de Modernización Tributaria de Hacienda, Carolina Fuensalida, defiende la utilidad de la figura.
“Creemos que con la incorporación de la Defensoría del Contribuyente los contribuyentes vulnerables y PYME podrán contar con una entidad orientadora, que reciba sus preocupaciones, sus inquietudes y sentirán una sensación de mayor igualdad ante la ley, puesto que de alguna manera se había instalado la percepción que los contribuyentes con mayores recursos pueden gestionar y contrapesar de manera más horizontal las fiscalizaciones y requerimientos del SII”, dice la abogada.
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