En su calidad de profesor, en 2010, Jorge Bermúdez lanzó el libro Derecho Administrativo General, que hoy podría ser utilizado por la removida subcontralora, Dorothy Pérez en su defensa. En esa publicación, el ahora Contralor defiende la tesis de la inamovilidad para los dos máximos cargos del ente fiscalizador. El juicio de amovilidad es el que se sigue en contra de los jueces del poder judicial para removerlos.
Justamente la tesis del libro, publicado en su última versión en 2014, es la principal argumentación de Pérez para no dejar su cargo y lo que la tiene enfrentada a Bermúdez -que de todas formas la removió aduciendo “pérdida de confianza”-, nombrando de inmediato a una reemplazante en dicho cargo.
Es así como en la página 492 del citado libro, donde habla de la organización interna de la Contraloría General de la República (CGR), de acuerdo al artículo 2° LOCGR señala que “el contralor, junto con el subcontralor, goza de las prerrogativas e inamovilidad que se señalan para los miembros de los tribunales superiores de justicia. En efecto, el contralor es inamovible y sólo puede ser removido de su cargo, como consecuencia de un juicio político, por notable abandono de sus deberes; por juicio de amovilidad, teniendo como causas las señaladas para los ministros de la Corte Suprema, que debe ser tramitado de igual manera que para los ministros de los tribunales superiores de justicia, correspondiendo la remoción al Presidente de la República; y por renuncia”.
Y en la página siguiente del libro en el párrafo titulado “subcontralor” señala que “se subroga al contralor en caso de ausencia o vacancia. También requiere el título de abogado. Puede ser objeto de juicio de amovilidad y una de sus principales funciones es la de actuar como juez de cuentas de primera instancia”.
Escenarios Legales
“Sin perjuicio de la estrategia que van adoptar los abogados, hay tres órdenes normativos que pueden utilizase para resolver esta materia”, afirma Julio Pallavicini, profesor de derecho administrativo y constitucional de la Universidad de Chile.
Esto abre tres escenarios explica el abogado: el primero, en que se basa en sostener que la norma que se invoca en el libro de Jorge Bermúdez está vigente.
El segundo escenario consistiría en aplicar la normativa de Contraloría que establece que todos los funcionarios de la institución son de “exclusiva confianza”, y por lo tanto, se les puede pedir la renuncia en cualquier momento, en otras palabras, cuando se pierde esa confianza.
La tercera alternativa, continúa el profesor, es sostener que se aplica la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (ley 18.575). Esa ley dice que todos los funcionarios del gobierno, hasta el tercer nivel jerárquico, son de exclusiva confianza.
Según el profesor, esta última ley tiene “preferencia interpretativa”, porque es una ley orgánica constitucional. Las otras dos, en cambio, son materia de ley simple.
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