Después de una década de tramitación, este mes entrará en vigencia la Ley de Lobby, que busca hacer públicas las gestiones que los diferentes grupos de interés realizan para influir en las decisiones de las autoridades públicas. Para la implementación de la nueva normativa, se le encomendó al Consejo para la Transparencia (CPLT) la elaboración de un mecanismo que ordene la información que revelará el flujo del lobby, hasta ahora mantenido en reserva.
-¿Qué función desempeñarán en la regulación de esta Ley?
-Estamos construyendo una plataforma electrónica -similar a la que desarrollamos con el Portal de Transparencia del Estado- cuyo eje es facilitar el acceso a información que permita al ciudadano responder preguntas como: quién es la persona o agencia que hace más lobby en Chile, cuál es la empresa que solicita más audiencias, qué autoridades son más requerida por los gestores de intereses o cuál es la materia sobre la cual se hace más lobby.
-¿El CPLT hará cruce de datos para que esta información sea más legible al ciudadano?
-Exactamente, nosotros sistematizaremos la información de tal forma que lo primero que aparezca en la pantalla de nuestra web -que empieza a funcionar el 1 de octubre- sean los ranking de cuál es el funcionario que más ha sido solicitado en audiencias y quién ha sido el lobista más activo, entre otras categorías. Así ordenaremos el gigantesco cúmulo de información que generarán las agendas publicadas de cerca de 5 mil autoridades que contempla la Ley.
-En el período de Sebastián Piñera se rechazó la idea de hacer una lista de lobbistas, ¿la elaboración del ranking apuntaría, finalmente, a lo mismo que esa lista?
-Ahí se discutió acerca de dos grandes modelos: uno estado unidense, que regula exhaustivamente con un registro de todas las personas que hacen lobby, y el británico, que es de autorregulación. En Chile se optó por un sistema intermedio: sin autorregulación, pero que exige a las autoridades que revelen sus agendas de reuniones, viajes y regalos. Por lo tanto, no es que tengamos un registro previo de lobistas, pero sí vamos a tener una lista, como por defecto, porque cuando hagamos el ranking, va a salir que el señor “X” se entrevistó 20 veces con distintas autoridades.
-¿Considera positivo que exista esta lista de lobbistas?
-Me parece bien. Parto de la base que la actividad de lobby es legítima, que tiene que ver con hacer presente a las autoridades argumentos pertinentes en una discusión de política pública. Pero en el imaginario de la gente aparece como que la palabra lobby tiene que ver con algo que se hace a escondidas. Lo que se está haciendo aquí es aclarar que el lobby es legítimo y que tiene que ser una actividad regulada y transparentada, que es lo que tendremos con esta plataforma.
-¿Cree que esta plataforma es suficiente para regular la Ley?
-La Ley de Lobby establece ciertas obligaciones, y el reglamento fue bastante concreto, el Ejecutivo recogió nuestro planteamiento respecto de que los datos fueran entregados de forma reutilizable en una plataforma lo más abierta posible, precisamente para que nosotros podamos hacer estos cruces de información con una mirada del interés ciudadano. Pero obviamente que el CPLT no puede ir más allá.
-¿Considera, entonces, necesario establecer otros mecanismos complementarios de regulación, pero con poder de prohibir y sancionar?
-La Ley sí establece sanciones para aquellas autoridades que no cumplan con su obligación de publicar sus agendas o cuando no sean veraces en la información que entregan. Si el CPLT toma conocimiento de una autoridad que no informa de sus audiencias, estamos obligados a poner eso a disposición del órgano que tiene facultades sancionadoras.
-¿Contraloría es el órgano encargado de sancionar en esos casos?
-En general sí, pero no para todos porque aquí hay muchos que tienen un estatus distinto, como algunos órganos autónomos, entonces cada uno tiene distintos órganos fiscalizadores. El CPLT no tiene facultades para sancionar.
-¿Debiese tener más facultades para efectos de esta Ley?
-Lo que hoy tiene, es adecuado. Además, la Ley resuelve bien el tema de la fiscalización y la sanción.
-¿Por qué la Cámara y el Senado elaboran una propuesta para cumplir con la Ley, exclusivamente para el caso de los parlamentarios?
-Porque ellos están afectos a la Ley, pero no al reglamento publicado el jueves pasado. El Congreso, como es un poder autónomo del Estado, tiene que dictar su propio reglamento, con una forma concreta de cómo cumplirán con las obligaciones de la Ley.
-¿En qué línea debiese ir esa propuesta?
-Debiese ser similar a lo que nosotros hemos estado desarrollando. No creo que haya formas más creativas que las que se están usando. El eje acá, es que la enorme cantidad de información que estará disponible, esté en un formato lo más reutilizable posible, para facilitar la lectura por parte de los ciudadanos.
Etapas de implementación
1° Etapa 29 de noviembre
Ministros, subsecretarios, el presidente del Banco Central y el Contralor, entre otras 306 autoridades, son las primeras autoridades que deberán cumplir con la obligación de hacer públicas sus agendas.
2° Etapa 29 de abril de 2015
Se suman seremis e intendentes, entre otros 1.160 funcionarios que deben cumplir la Ley.
3° Etapa 29 de agosto de 2015
Tras la incorporación de la agenda que revela actividades de lobby relacionada a alcaldes y concejales, entre otros, el CPLT sistematizará la información que mes a mes deberán entregar 4.591 autoridades.
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