Mientras el Ministerio de Salud busca la fórmula adecuada para hacer más eficientes los procesos del Compin, sólo en 2017 se gastaron US$ 1.800 millones en pago de licencias médicas, de los cuales US$ 570 millones corresponden a licencias injustificadas, según cálculos realizados por Inmune, empresa que es parte del Grupo Alto y que se dedica a la prevención de pérdidas patrimoniales en el área de la Salud.
Justamente, explican que el sistema chileno es único en el mundo. Ello, porque de 145 países que entregan subsidio por incapacidad laboral, sólo 30 tienen una tasa de reemplazo de sueldo de 100% y 102 tienen una cobertura mayor a 30 días. Chile, en cambio, no tiene límite para ninguna de las dos variables, explica Álvaro Díaz, gerente general de Inmune.
De ahí la importancia que el Compin esté preparado para cumplir a cabalidad su función fiscalizadora, evitando el abuso o el fraude (entre el 30% y 33%). La burocracia y la sobredemanda impiden que los 150 médicos que deben revisar un promedio de 500 licencias diarias sean efectivos en la fiscalización.
De estas cifras se deduce –explica Díaz- que cada doctor contralor, que a lo menos debería dedicar entre cinco y siete minutos a revisar una licencia médica, tenga sólo un minuto y ocho segundos aproximadamente para eso. Tiempo insuficiente para detectar un fraude, lo que a la larga no sólo afecta al sistema de salud, sino también a la productividad, a raíz del ausentismo, lo que incluso termina afectando al PIB. De ahí la importancia de la automatización del sistema, incorporando tecnología.
Pérdidas por fraude
Si bien el 70% de los pacientes que hace uso de una licencia médica realmente la necesita, el 30% restante podría estar incurriendo en un fraude o, a lo menos, haciendo mal uso del subsidio. Para detectar esta diferencia es que se requiere automatizar los procesos, lo que permitiría que el Compin cumpla de manera exhaustiva con su rol fiscalizador.
La importancia de que el organismo cumpla con ese mandato, es que las licencias fraudulentas le provocan perjuicios a las empresas aún cuando no son éstas las que cubren el sueldo del empleado y, a la larga, causan un menoscabo significativo en el PIB.
Según datos oficiales, el 92% del ausentismo se debe a licencias médicas comunes y se estima que alrededor del 23% de éstas no se ajusta a un diagnóstico médico. En 2017 el PIB por trabajador llegaba a US$ 32.976 al año y diariamente a US$ 90. Y en promedio se pierden 2,4 días por abuso de licencias médicas; si el trabajo aporta el 70% al Producto Interno Bruto (función Cobb-Douglas), entonces el PIB podría ser mayor en US$ 910 millones al año de evitarse las licencias médicas injustificadas, a partir de una fiscalización más estricta y a tiempo. Ya que la información actualmente va con un año de retraso.
Aunque no son las empresas las que pagan las licencias médicas de sus empleados -lo que se hace con el 7% que cotizan todos los chilenos en salud-, la ausencia de un trabajador sí provoca aumento en los costos por las más diversas razones.
Algunas de ellas tienen que ver con que aunque no le pague el sueldo al empleado, éste acumula antigüedad, vacaciones, se gasta en capacitar al reemplazante, debe absorber la baja en la productividad inicial del reemplazante y, adicionalmente, hacerse cargo del pago de los beneficios adicionales a la licencia médica, como son seguros colectivos, seguros de invalidez y sobrevivencia, cotización mutual, seguro de cesantía, sobredotación, pago de horas extras a otros trabajadores, reemplazos temporales con recargo y aguinaldos, entre otros.
Esto explica el efecto negativo para la producción que provocan las licencias que no se ajustan a un diagnóstico médico.
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