La mesa de trabajo destinada a elaborar propuestas tendientes a mejorar los aspectos de seguridad pública, liderada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, entregó al presidente Sebastián Piñera un conjunto de 150 medidas que incluyen la modernización de las policías, reformulación de los sistemas de inteligencia y mayor control de armas, entre otras materias.
Especialización de las funciones policiales
Actualmente, en Chile se ha evidenciado la existencia de duplicidad de medios y funciones en los servicios policiales, lo que dificulta la respuesta del Estado ante el fenómeno delictual. Para abordar esta situación, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública conformará un grupo de trabajo especializado que estudiará la radicación preferente de la función investigativa en la Policía de Investigaciones y la preventiva en Carabineros. Este equipo interinstitucional realizará un diagnóstico sobre las funciones policiales y entregará sus conclusiones al Ministro del Interior y Seguridad Pública en diciembre de 2018.
Relación de las policías con la autoridad civil y la ciudadanía
También se consideró necesario definir y limitar los espacios de autonomía de las instituciones policiales que hoy impiden o dificultan su necesario control, basándose en criterios modernos relativos a la dependencia de las policías de la autoridad civil. Además, se incorporan medidas que mejoran los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información de estas instituciones, y parámetros modernos de gestión y de planificación estratégica.
Incrementar los niveles de profesionalización policial
Para contar con una mayor profesionalización policial, entre otras materias, se establecerá el mérito como el criterio de mayor ponderación para la selección, calificación y ascenso de los funcionarios policiales. Además, se elevarán los estándares para el cuerpo docente de ambas instituciones y se actualizarán las mallas de los programas de formación.
Fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado
Se considera imperativo avanzar hacia un sistema moderno, integrado y funcional de inteligencia, que incorpore a todos los organismos e instituciones relevantes, y que permita una acción preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas de seguridad internas y externas: crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas, ciber ataques y protección de la infraestructura crítica del Estado.
Se dispondrá la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia, que será presidido por el Presidente de la República y que además estará integrado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y los jefes de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE). Este Consejo tendrá como finalidad asesorar directamente al Jefe de Estado en materias de inteligencia.
Se incorporarán al Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), el Servicio de Aduanas y Gendarmería y sus directores o jefes formarán parte del Comité de Inteligencia del SIE.
Se diseñará una Estrategia Nacional de Inteligencia, la que será elaborada por el Director de la ANI, en consulta con los Ministros del Interior y Seguridad Pública, RR.EE. y Defensa, y que deberá ser aprobada por el Presidente de la República.
Asimismo, se agravarán sustancialmente las sanciones a los parlamentarios o funcionarios del Congreso que vulneren su deber de reserva acerca de lo que ahí se informe.
Fiscalización y control de las armas de fuego
La realidad delictual del país demuestra en los últimos años una mayor participación de armas de fuego en los delitos de mayor connotación social y es de especial preocupación el aumento de la participación de éstas en delitos graves, como los homicidios. Tanto Carabineros como la PDI informan que alrededor del 60% de las armas incautadas corresponden a armas inscritas. El problema se acentúa al constatar que de las 753.619 armas inscritas activas, al primer cuatrimestre de 2018, 25.980 se encuentran extraviadas, 21.113 han sido robadas, 471 han sido hurtadas y un total de 186.448 se encuentran asociadas a personas fallecidas. A ello se suma la existencia de un deficitario sistema de fiscalización.
Lo anterior demuestra de la imperiosa necesidad de enfrentar esta problemática a través de una profunda reestructuración del sistema registral de armas, aumentando los requisitos para la adquisición e inscripción de las mismas, estableciendo deberes para sus tenedores y sanciones para en caso de su incumplimiento, y disponiendo de procesos regulares de fiscalización y actualización de los registros.
Trazabilidad de las armas: Se exigirá respecto de las nuevas armas y municiones contar con sistemas de trazabilidad, como sistema de código de barra, chip de geo localización u otros, con toda la información del arma en línea. Para dar eficacia a esta medida, se sancionará como delito a quien borre o altere dichos sistemas.
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