El 2 de julio asistió a la comisión de Hacienda del Senado a entregar sus planteamientos sobre la reforma tributaria, antes que se conociera el acuerdo que el gobierno y la oposición firmaron para modificar el proyecto de ley. Esa fue la última vez que el economista de la Universidad de Chicago e ingeniero comercial de la Universidad Católica y actual académico de la Universidad de Chile, Ricardo Ffrench-Davis, se refirió a la reforma tributaria. Eso hasta ahora. Ayer, el también premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005 participó del seminario “Nuevo Pacto Fiscal y Derechos Sociales”, donde además se lanzó la Revista Política & Economía.
En su exposición analizó los principales cambios introducidos a la primera reforma estructural del gobierno de Michelle Bachelet.
Para Ffrench-Davis “es clave“ que se cierren los forados que el protocolo de acuerdo dejó, y que si no se precisa en las indicaciones puede generar complicaciones, como por ejemplo, el que la reforma no recaude los
US$ 8.200 millones comprometidos por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Asimismo, es partidario de que la entrada en régimen del proyecto sea en menos tiempo y no en 2018 como contempla la iniciativa, para que estuviera operativo durante la actual administración, y por la necesidad de urgencia de gastos que se deben realizar.
- ¿Qué le parecieron los cambios incorporados en el protocolo de acuerdo de la reforma tributaria?
- El protocolo logrado mejora en un sentido importante, que es el tener el acuerdo de la derecha. Ese es un atributo positivo, pero cuando uno negocia con la derecha tiene que ceder algún interés que satisfaga a la derecha y eso se traduce en que con el protocolo de acuerdo el sistema tributario será menos progresivo que el proyecto original presentado en la Cámara de Diputados.
- ¿Por qué es menos progresivo?
- La concentración de la riqueza está en el 10% de los chilenos de mayores ingresos y el proyecto original establecía impuestos a todas las utilidades ya sea retiradas o, bien, reinvertidas. Así se gravaba efectivamente a los chilenos de más altos ingresos. Ahora, al pasar a un sistema parcialmente integrado y al establecer un crédito de 65%, se retrocede en progresividad. A mí me hubiera gustado que la devolución del crédito fuera de 50%.
- Con el sistema parcialmente integrado, ¿se abrieron más focos de elusión?
- Sí, pero por eso es clave el proceso de redacción de las indicaciones. Con el proyecto original al establecer gravamen a base devengada se cerraban varias filtraciones significativas de elusión de una sola vez. Sin embargo, ahora con el sistema parcialmente integrado se deben ir cerrando los flancos de elusión uno por uno para que no haya disfraces de dónde se reinvierten las utilidades y, a la vez, se debe saber con claridad dónde están reinvertidos esos recursos.
- Una de las alternativas que está en discusión es que se establezca como requisito que las utilidades reinvertidas sean sólo para activos productivos y en un plazo determinado. ¿Sería una buena opción?
- Me parece razonable. El ahorro uno lo quiere para que se reinvierta en la empresa que genera utilidades o, bien, en alguna relacionada, pero que tenga un fin productivo y que sea en Chile.
Con el sistema vigente hoy en Chile, se permite que los miles de millones de dólares que reciben ventaja tributaria a través de la reinversión se puedan ir a proyectos que empresas realizan en otros países. Este es un punto muy importante que se debe incorporar en las indicaciones.
- En el protocolo de acuerdo también se amplió el margen de quienes pueden estar bajo el “paraguas” de PYME. ¿Le parece adecuado este cambio?
- Hubo un retroceso en la definición de lo que es PYME y con las modificaciones se incorporaron cerca de 16 mil empresas al universo de las 700 mil definidas como PYME, ya que están en la punta arriba del ingreso y no son precisamente los sectores bajos ni medios de la población. Asimismo, se debe establecer un sistema de seguimiento de quiénes son los dueños. Y para eso se requiere del control del Servicio de Impuestos Internos (SII), que debe contar con atribuciones para poder fiscalizar.
- También dentro de los críticos del proyecto se ha dicho que con los beneficios a las PYME, no hay incentivos para que las empresa crezca y se desarrolle.
- Así es, ya que no existe un proceso gradual donde a medida que la empresa vaya creciendo va perdiendo beneficios, sino que en el proyecto se pasa bruscamente de PYME a no PYME de una sola vez y sin contar con ningún beneficio. Por ello, debería haber un proceso de gradualidad para que la empresa no pase bruscamente de una situación muy preferencial hasta un sistema sin ningún beneficio. Y esto es relativamente fácil de incorporar en las indicaciones.
- También existen dudas entre los parlamentarios y economistas sobre si se logrará la recaudación de los US$ 8.200 millones en régimen.
- El tema de la recaudación está estrechamente ligado a las fuentes de elusión. Si cerramos bien los potenciales flancos de elusión, se pueden lograr los US$ 8.200 millones. En cambio, si eso no queda bien establecido en las indicaciones, se podría poner en duda esa cantidad de recursos.
Acá también es importante la fiscalización que ejerza el Servicio de Impuestos Internos.
- ¿Hubiera preferido una menor gradualidad para la reforma?
- Soy partidario de las gradualidades, pero no en un plazo tan extendido como el que se establece en el proyecto. Debería ser tres años para no dejar cosas pendientes para el otro gobierno.
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