Con el propósito de aportar a la discusión de la Reforma Educacional, que se está dando en el Congreso, un grupo de figuras de la Democracia Cristiana, encabezados entre otros por Gutenberg Martínez, Iván Navarro, Marigen Hornkohl, Gonzalo Duarte, Carlos Concha, Manuela Garay y Francisca Ortega, elaboraron un crítico documento en el que junto con plantear los desafíos para alcanzar una educación de calidad, proponen una serie de ajustes al proyecto que impulsa el gobierno.
El texto de 35 páginas que ya se encuentra en manos de los parlamentarios del partido, afirma que éste “pretende entregar una visión de una Reforma Educacional desde los principios del Humanismo Cristiano, centrada en la persona, lo cual se traduce en la centralidad de los estudiantes, los docentes y las familias”, subrayando también que es necesario que la reforma contenga “a partir de una visión sistémica y de las capacidades presupuestarias, prioridades y plazos de cumplimiento”, sin olvidar el desafío de la calidad.
Así en el punto cuatro del texto y donde se aborda el proyecto enviado por el gobierno, se plantea que “la hoja de ruta de la reforma requiere ir acompañada de una visión clara acerca de cómo ella promueve el desarrollo de las personas y asegura continuidad a los esfuerzos de mejoramiento ya en curso”, advirtiendo en ese sentido que “el peor escenario es que la reforma inmovilice los esfuerzos de docentes, de establecimientos educacionales y de sostenedores por falta de un itinerario e información claros. El ámbito educacional, también tiene efectos en la economía y la falta de claridad puede contribuir a una desinversión del sector privado y municipal, empeorando la calidad de la educación e impactando en la desaceleración de la economía”.
Respecto del lucro, uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa que se discute en el Parlamento, el grupo DC plantea que hay varias experiencias y mecanismos a utilizar para “ir reduciendo gradualmente el problema, hasta su extinción en un mediano plazo” y que van desde “reforzar la idea de exclusividad en el destino educativo de los recursos aportados por el Estado”, hasta “ampliar las alternativas referidas a los casos en los que el sostenedor no es propietario del establecimiento educacional, por ejemplo autorizar soluciones de arriendo regulado, con precio de mercado o aún bajo el mercado, arriendo con promesa de compra o sistema leasing, o con promesa de donación o comodato”.
No obstante, se establece que “la discusión hasta el momento realizada hace necesario clarificar el concepto de lucro, a fin de distinguirlo de la legítima retribución por ejemplo, al trabajo de dirección y administración de un establecimiento escolar, más aún cuando se ha establecido que muchos de los colegios subvencionados no tienen excedentes que puedan ser calificados como lucro”.
Sobre el término del copago y el desmedro en que quedarían aquellos establecimientos que cobran la cuota más alta, valorando que se haga en etapas, se sugiere que de revisarse el mecanismo “podría supeditarse el fin del copago de las familias al incremento gradual de la subvención escolar, y ajustar los valores, incluyendo lo que pagan las familias, a UF, de manera que el establecimiento educacional no disminuya sus ingresos en el tiempo que demore la transición hasta terminar con el financiamiento compartido”.
Con todo, el documento consigna que “el fi del lucro, del copagio y de la selección, por sí solos no aseguran integración social, menos el término de la segregación social en educación”, y que se requieren medidas complementarias.
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