Un duro análisis sobre el marco de regulación empresarial en Chile entregó hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un reporte firmado por el economista principal del Departamento del Hemisferio Occidental de la entidad, Metodij Hadzi-Vaskov, se detalla que el país debe implementar reformas "que mejoren las prácticas comerciales" para incrementar la productividad y el producto.
El análisis apunta que el país cuenta con una brecha estructural en la materia, y aunque reconoce que "Chile ha mantenido una economía sólida y estable", afirma que se "podría hacer más para mejorar el entorno de negocios y respaldar el crecimiento".
La revisión realizada por el FMI se hizo en base a datos de la OCDE sobre indicadores de política estructural para investigación económica (Spider, por sus siglas en inglés), donde "identificamos varias deficiencias de política en relación con otros países de ese organismo".
En las principales materias donde se encontró un bajo desempeño fue en el otorgamiento de licencias y la regulación empresarial, el gasto en investigación y desarrollo (I y D), así como la legislación laboral.
Según el documento, "si el país elimina en cinco años su brecha estructural con respecto al desempeño del percentil 25 de los países de la OCDE, su producto se incrementaría en hasta 6% y, a su vez, se podría obtener una pequeña mejora fiscal acumulada neta".
Además, sostiene que "las reformas estructurales que ayudarán a Chile a subir en las clasificaciones y subsanar las deficiencias de política se centran en las normas y medidas que más fomentan la productividad y el crecimiento. Por lo tanto, si el país lograra cerrar estas brechas con respecto a otros países de la OCDE, obtendría beneficios económicos sustanciales".
Recomendaciones
El análisis de la entidad identifica algunos de las políticas económicas que podrían ayudar a Chile a reducir las brechas de políticas en la materia, entre la que se señala como la terea "más importantes" el simplificar el régimen de licencias y la regulación empresarial "de manera integral, agilizando los procedimientos (por ejemplo, en lo que respecta al otorgamiento de licencias y permisos), mejorando la coordinación entre las diversas instituciones fiscalizadoras y requiriendo una menor participación de notarios en muchos trámites a fin de reducir las demoras y los costos para las empresas".
Además, se señala que en relación al mercado laboral, se debe "seguir incrementando la flexibilidad", además de ir "reduciendo los gastos y los procedimientos de despido, con el objetivo de crear más empleos en el sector formal, y flexibilizando las condiciones que deben cumplir quienes trabajan en los empleos más precarios para tener derecho a prestaciones".
A ello agrega que se deben asignar "más recursos a programas de capacitación y focalizando estos programas más eficazmente en los trabajadores desempleados más necesitados".
Finalmente, pone el acento en el gasto de I+D para "ampliar la capacidad de innovación", donde cree necesario establecer "incentivos tributarios que estén sujetos a la simplificación de los procedimientos de acreditación, clarificando el régimen de exenciones tributarias y centrando las políticas públicas en las medidas que en el pasado han obtenido los mejores resultados (por ejemplo, los exitosos proyectos de la Fundación Chile)".
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