Ni una coma cedió la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante las observaciones que le hizo la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile y el Colegio de Abogados A.G. al crítico análisis preliminar que hizo la entidad del mercado fedatario y para el cual pidió una profunda reforma.
Una de las primeras críticas apuntaba a que “el estudio tiene un evidente e inaceptable sesgo metodológico en cuanto a su fuente principal de datos”. Ante este planteamiento, la Fiscalía respondió que “no se comprende el comentario, puesto que el informe no califica a ninguna fuente de datos como ‘principal’” y que tal como se explica en el informe final “se utilizan tres fuentes principales de datos para estudiar el mercado que cumplen fines distintos”.
Tampoco faltaron las ironías, ya que se le comentó a la FNE que en su análisis “no se advierte cómo localidades como Puerto Cisnes, Juan Fernández o San Miguel podrían tener un ingreso promedio de $ 14 millones mensuales”.
¿Qué repondió la Fiscalía? Que la conclusión sostenida se estima errónea por una posible “doble confusión”: seguramente de un “error de lectura”, puesto que “el informe es claro en señalar que el cálculo del promedio de rentas se realiza considerando la totalidad de las notarías del país”; y, en segundo término, la falta de comprensión del término de promedio, lo que fue seguido de una explicación sobre cómo se calcula un promedio.
Otro de los reparos acusaba que la suma de las rentas monopólicas, ineficiencias productivas y costos indirectos, que podrían llegar a un potencial ahorro de entre US$ 138 millones y US$ 149 millones “no son más que una especulación del estudio que carece de cualquier rigor técnico y económico”.
“No se coincide con esta apreciación”, confrontó la entidad dirigida por Felipe Irarrázabal, para en la misma línea sostener que “en el informe se fundamentan latamente como se realizan estos cálculos” y que “en tanto la crítica que se realiza, se hace sin fundamento alguno”.
Finalmente, el fiscal reafirmó que están “convencidos de que el sistema notarial requiere una reforma profunda y estructural y no un simple maquillaje”.
De acuerdo a las estimaciones de la FNE, una modificación como la sugerida puede tener un impacto monetario relevante e impulsar un incremento de la productividad del país “reduciendo la carga administrativa para las empresas y los hogares”, como destaca la OECD en el Economic Survey de Chile del año 2018.
Respuesta con estudio en mano
A través de un comunicado, el directorio de la Asociación de Notarios tildó ayer de “lamentables” los términos “ofensivos que la FNE utiliza para desacreditar las observaciones” en su informe final.
Según un estudio contratado por la entidad gremial para analizar el reporte de la Fiscalía, existe un “sesgo metodológico” y una “falta de rigor técnico” que “contamina muchas de sus conclusiones y no son suficientes para fundamentar varias de las reformas estructurales que plantea”.
Adicionalmente, concluyó que la asociación está impulsando la modernización del sistema en el ámbito de “nombramientos, fiscalización, simplificación de trámites e incorporación de tecnologías para todos los oficios”.
En este contexto, se espera que la administración Piñera ingrese prontamente un proyecto de ley para reformar el sistema notarial en el país.
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