No ha habido gobierno en las últimas décadas -incluido los de Sebastián Piñera- que no haya prometido cambios al sistema de notarios. Pero, hasta ahora, el tema aún es parte de los pendientes.
La duda es si esto cambiará luego del análisis que hiciera la Fiscalía Nacional Económica (FNE), entidad que bajo el mandato de Felipe Irarrázabal planteó ayer hacer una “reforma estructural” al sector.
“La intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto”, fue la conclusión.
Esta visión se sustenta en un estudio que realizó la entidad con la asesoría de expertos y la aplicación de encuesta entre notarías de distintas zonas y a sus usuarios y cuyo informe preliminar quedó para comentarios del mercado.
“El sistema notarial chileno no está a la altura de los tiempos, no está a la altura de la sofisticación de la economía chilena”, dijo Irarrázabal.
El informe detalla que en Chile, donde existen 330 notarías -algunas donde también el titular es conservador de bienes raíces y archivero- sólo 17 servicios concentran el 90% de la demanda; que las personas tardan aproximadamente 1 hora y 13 minutos en realizar trámites notariales; y que aquellas notarías que enfrentan mayor competencia tienen mejor calidad de servicio.
De hecho, la FNE señala que de los 17 trámites analizados, cinco tienen un precio máximo fijo, que es superado (ver gráfico).
De todas formas, se precisa que los precios están regulados por Justicia mediante un decreto que no se ha actualizado desde 1998.
Además, se advierte que los aranceles vigentes no se cumplen y que las rentas obtenidas por quienes prestan el servicio son altas, llegando a $ 14 millones mensuales y $ 163 millones anuales, en promedio a nivel nacional, y a $ 24 millones y $ 288 millones en Santiago Centro, respectivamente.
Para Irarrázabal, no le es “extraño” este nivel de rentas, ya que explica que en este mercado se produce “una situación de monopolio y oligopolio legal”. “No todos podemos ser notarios”, graficó.
“Si acceder al rol de notario no tuviera restricciones esto no sería un problema”, señala el estudio, en el que se advierte que no hubo acceso a detalles de los concursos y, por ende, no se pudo analizar el sistema de designación.
Todo lo anterior se traduce en ineficiencias que le cuesta al mercado cerca de US$ 80 millones anuales, y cuyo costo indirecto va de US$ 33 millones a US$ 44 millones. Esto genera un total de US$ 138 millones a US$ 149 millones anuales.
Los cambios
Tras el análisis, la FNE sugirió para el corto como largo plazo reducir el número de trámites que debe realizar una notaría, por lo que debe revisarse la obligatoriedad de muchos servicios que deben pasar por esta certificación, los que “han ido creciendo en el tiempo sin revisión ni análisis de su necesidad”.
Para esto, se apunta a que el Estado revise la creación de trámites notariales vía actos administrativos, tales como documentación en licitaciones públicas y el poder para retirar el pasaporte en el Registro Civil.
Esto se vería potenciado si se establece la figura de “notarios certificadores” para aquellos trámites “mecánicos”. Los de mayor importancia pública quedarían en manos de los notarios actuales, pero nombrados en un marco “más transparente”.
Esto involucraría, entre otros aspectos, utilizar parámetros objetivos para elegir al notario entre los candidatos, exámenes de admisión más estrictos, y requerimientos de experiencia mayores a los actuales.
Para modificar las barreras de entrada, la FNE comenta que no son necesarios los filtros en base a la preparación académica y que la regulación puede establecer requisitos mínimos. A su vez, la entidad sugiere que el número de notarías no debe ser fijado por la autoridad y que los prestadores de estos servicios no deben ser designados a localidades particulares.
Sobre la conducta comercial, se sugiere que una notaría puede estar constituida por una persona natural o ser una organización y que los precios de tareas mecánicas sean determinados libremente.
Para mejorar la transperencia la FNE comenta que debe existir un ente fiscalizador, que deberá ser un organismo independiente y técnico, cuya jurisdicción deberá abarcar todo el territorio y que implica que no sean las cortes de Apelaciones.
Gobierno se hace eco de visión crítica y anticipa cambios
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó ayer que estaban esperando el estudio de la FNE dada la indicación sustitutiva que prevén introducir en julio al proyecto sobre la materia que se presentó en la primera administración Piñera.
"Nuestro proyecto de ley busca cambiar radicalmente el sistema", enfatizó y luego enumeró algunos de los énfasis: necesidad de desconcentrar notarías, que haya notarios certificadores o ministros de fe que complementen la labor de los notarios; que los nombramiento de estos sean transparente y lo menos discrecional posible y que la tecnología juegue un rol clave.
El ministro admitió que sí hay permisos que están concentrados por comunas a un número fijo y delimitado de notarios y eso configura pequeños monopolios en dichos lugares, lo que se relaciona con barreras de entrada muy altas. También reconoció que los precios fijado por arancel no se respetan, aunque recordó que no se han reajustado hace 15 o 20 años.
Asumiendo el rol protagónico de Justicia en este tema, el ministro de Economía, José Ramón Valente, afirmó que a su cartera le interesa un cambio en este terreno porque es una forma de agregar más productividad a la economía y sobre todo porque es una forma de ahorrarle mucho tiempo a los chilenos en trámites que hoy algunos aparecen innecesarios y otros extremadamente costosos en plata y en tiempo.
El gremio encabezado por Alfredo Martín recordó que han propuesto cambios para perfeccionar el sistema.
Gremio cuestiona muestra y ve riesgos para "certeza jurídica"
Mediante una declaración pública la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales se refirió al análisis de la FNE, que advierte una serie de situaciones oligopólicas en este sector y pide una modificación estructural.
El gremio hizo ver su preocupación por la "reducida muestra" utilizada en el pre informe. "Sólo dos de 16 regiones del país y menos del 10% de las notarías se consideraron, dejándose completamente de lado la realidad existente en otras zonas del país", plantearon.
Precisaron que harán sus observaciones en el plazo que está dispuesto por el organismo, para manifestar su inquietud, que a juicio de los notarios "podrían constituirse en claros factores de riesgo para la fe pública y la seguridad y certeza jurídica".
El gremio encabezado por Alfredo Martín añadió que "esta asociación ha propuesto modificaciones orientadas a perfeccionar el sistema en materias tales como nombramientos en base a méritos, simplificación de trámites e incorporación de tecnología, simplificación y actualización de aranceles, entre otros".
El presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, manifestó que "no cabe duda de que es necesario reformas al actual sistema, tanto respecto a los trámites que deben hacerse en una notaría como en el nombramiento, fiscalización, introducción de mayor competencia e innovación tecnológica".
Agregó que "queremos convocar a los principales actores y discutirla con ellos. Pienso que la certeza jurídica admite reformas para permitir el uso de medios tecnológicos, para hacer frente a los actuales requerimientos de la sociedad chilena".
Alessandri sostuvo que "es muy valioso" que la Fiscalía haya abierto un período de observaciones y anticipó que el Colegio de Abogados convocará antes del 17 de julio al Fiscal Nacional Económico y a los demás actores a un conversatorio sobre el informe de la FNE.
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