“Pienso que es un compromiso, es un legado que debemos dejar como Parlamento, porque -insisto- no nos encuentre un nuevo incendio con una institucionalidad que no está a la altura”, advirtió el senador Alfonso de Urresti (PS) en la sesión de la Cámara Alta del 24 de enero de 2018, en el marco del debate sobre el proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que transforma a la Conaf en un servicio público.
Más de un año ha transcurrido desde entonces y más de una década desde que el Tribunal Constitucional (TC) exhortara a la presidenta de la República, Michelle Bachelet -durante su primer mandato-, a que regularizara la situación del citado organismo.
Para los especialistas dicha entidad es una suerte de Frankenstein jurídico, porque siendo una corporación de derecho privado que se rige por sus propios estatutos y el Código Civil, tiene funciones públicas.
Por ello, sus funcionarios no se guían por el Estatuto Administrativo, sino que por el Código del Trabajo, por mencionar un ejemplo.
El TC advirtió en 2008 que por ser un ente privado no podía ejercer las funciones propias de entidades del Estado, como la fiscalización al interior de los terrenos particulares, lo que dificultaba su accionar.
Las falencias se hicieron patentes en el verano de 2017, cuando las llamas arrasaron 597 mil hectáreas en el país y resurgió la presión por modernizar la institucionalidad.
En abril de ese año el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal como un servicio público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura.
La iniciativa también abordó el manejo sustentable de los bosques y la valoración de su contribución para la mitigación y adaptación al cambio climático y desertificación; además, del rol que tiene el sector en la protección contra incendios forestales.
Prioritario
El proyecto, que suma 21 meses de tramitación, se encuentra en segundo trámite en la Comisión unida de Agricultura, Medioambiente y Bienes Nacionales del Senado con urgencia simple, es decir, 30 días por cada cámara legislativa, la que ha sido renovada sucesivamente desde noviembre de 2018.
“Esperamos que este proyecto pueda ver la luz como ley antes de la próxima temporada de incendios forestales. De esta manera, podremos enfrentar una contingencia estacional que amenaza el patrimonio forestal con una institucionalidad más robusta y adecuada a la naturaleza pública de los servicios que la CONAF presta al país”, dijo el ministro de Agricultura (s) Alfonso Vargas.
Desde el 1 de julio de 2018 hasta ahora se ha registrado un total de 3.875 incendios forestales, que ha afectado un total de 31.653 hectáreas, siendo la Región de La Araucanía la más golpeada con 13.762 hás. Sólo en lo que va de febrero se consumieron 12 mil hectáreas más en esa zona.
La tramitación de la iniciativa debiera retomarse en marzo con el análisis de las 318 indicaciones recibidas.
En el caso del Ejecutivo, de acuerdo con Vargas, las modificaciones apuntan a precisar y determinar las atribuciones futuras de la Conaf pública y al resguardo de los derechos de los trabajadores, en línea con el carácter de servicio público que pasará a tener la entidad.
Más recursos para el control del fuego
Mientras se está a la espera del proyecto, el gobierno ha dispuesto de más recursos para el control de incendios forestales. El ministro (s) Vargas precisa que cuentan con un presupuesto aprobado de $ 53 mil millones para el combate de incendios.
Ello les ha permitido contar con "53 aeronaves, incluyendo el DC10 Air Tanker, que puede lanzar 36 mil litros y que llegó el jueves al país. Más de 233 brigadas; unos 2.800 brigadistas, a los que sumamos las brigadas del ejército y los recursos de la empresas forestales, que cuentan con 50 aeronaves más y unos 3 mil brigadistas. Tampoco podemos olvidar que ante emergencias el sistema de protección civil, encabezado por Onemi, contrata más recursos aéreos", añade la autoridad.
Sólo en La Araucanía se dispuso de seis helicópteros más y ya se contrató dos helicópteros más destinados a incendios forestales en Aysén.
Los reparos al proyecto en el Congreso
Durante su tramitación, el proyecto de ley para modernización de la Conaf en el Congreso Nacional no ha estado exento de reparos, muchos de los cuales han sido acogidos en indicaciones, incluso, contrapuestas.
Se ha advertido la superposición de funciones con otros servicios, particularmente con las del Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas (SBAP) del Ministerio del Medio Ambiente. Ambos instancias tendrían jurisdicción sobre las formaciones vegetacionales, conservación de la biodiversidad y de las áreas silvestres protegidas.
También hay dudas con el objetivo del servicio, pues diversos actores han señalado que faltan los conceptos de cambio climático, forestación, manejo y restauración.
Tampoco está claro el rol fiscalizador, pues según varios de los asistentes a las sesiones no se incorpora dicha función.
Pero quizás el tema más complejo en el futuro debate será la categoría que finalmente tendrán los trabajadores de la Conaf.
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