Sin acuerdo, como se esperaba, terminó la quinta y última mesa de negociación entre el gobierno y los trabajadores por el reajuste salarial del sector público, que debe comenzar a regir a partir del 1 de diciembre.
Tal como en años anteriores, con este nuevo quiebre la discusión pasará al Congreso, el que deberá ver el tema este mismo lunes.
Cabe recordar que la propuesta final entregada por el gobierno asciende a un reajuste de 4,5%, muy lejos del 9,8% que aspiraba el sector público (que es la suma de la tasa de crecimiento y la inflación).
“El gobierno no se movió de su 4,5% y tampoco nos ofreció ningún tipo de bono, por lo tanto el gobierno no quiso negociar”, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y coordinador de la mesa del sector público, Arturo Martínez.
Visiblemente molesto, el líder la multisindical dijo que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, argumentó que la negativa del gobierno a ese reajuste obedece a la situación en Europa que podría agravarse y afectar la economía del país.
“Lo más grave, más allá del porcentaje de reajuste, es que este gobierno no tiene voluntad para avanzar en la estabilidad laboral y en el trabajo decente para los funcionarios públicos”, acusó el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente.
En ese contexto, el dirigente gremial anunció que la próxima semana los trabajadores agrupados a la ANEF se movilizarán en señal de protesta. Sin embargo, esta movilización tendrá que ser ratificada mañana por el consejo ampliado de ese gremio.
Además de Larraín, en la mesa negociadora estuvo presente el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, y el subsecretario de esta cartera, Bruno Baranda.
Se espera que la próxima semana se reúnan la Comisión de Trabajo y la Comisión de Hacienda para analizar el proyecto de reajuste a los funcionarios públicos con el propósito de remitirlo a la Sala para su despacho en primer trámite.
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