Acompañado por diversos funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y apelando al respaldo de toda la institución, el director del organismo, Juan Eduardo Coeymans, presentó ayer los resultados del Censo 2012.
Tras la revisión del cuestionado proceso original y siguiendo el plan de acción definido a fines de diciembre pasado, Coeymans anunció que “los resultados finales cumplen con los estándares internacionales y, por lo tanto, tanto la información contenida en la base censal es útil para el diseño de políticas públicas, así como para investigaciones del área económica, social y de infraestructura urbana y rural”.
La población cuatificada ascendió a 16.341.929 personas, las que derivan de las personas censadas más los moradores ausentes, “esto es considerado el resultado oficial del Censo”, enfatizó el director del INE. Además, explicó que debe ser esta información la que se utilice para comparaciones con censos anteriores.
El último paso que resta para terminar con la planificación es la realización de la conciliación demográfica, que permitirá determinar los porcentajes de omisión registrados en este Censo y que, tal como reconoció Coeymans, se realizará en conjunto con Celade. “Esto permite conocer el porcentaje de omisión tanto a nivel nacional como a nivel regional y tiene un plazo estimado de 26 semanas a partir de este momento”, dijo.
El director del INE también aseguró que el organismo quiere seguir adelante con el proceso de conteo de población durante 2016, que estaba establecido en el plan de acción que recomendó la segunda comisión consultiva. Reconoció que aún no ha podido reunirse con las nuevas autoridades que asumirán el 11 de marzo para analizar esta variable. Esto, porque la presidenta electa, Michelle Bachelet, ha apuntado a realizar un censo abreviado en 2016.
Bravo: “Esto es imprudente y genera conflicto”
A juicio del ex miembro de la comisión nacional revisora del Censo David Bravo, la presentación de los datos responde a que “se le quiere decir al país que los datos son válidos, que los problemas de calidad que se dectaron no existían, y se quiere zanjar el tema del Censo de 2012 por un camino administrativo, formal, y eso es lamentable, ya que se hace a costa del INE y de la credibilidad que está bastante dañada”.
Bravo fue enfático en señalar que los problemas que muestra el Censo no se pueden resolver por esa vía, y que “solo se aumenta la polémica sobre el mismo tema (...) esto es imprudente porque representa una situación de abierto conflicto con las nuevas autoridades. Hacer esta pesentación a 13 días que las nuevas autoridades asuman es una expresión bastante desafiante, contrasta de manera nítida con lo que ha sido la transición del resto de los servicios”. De hecho, el académico lamentó la situación, ya que a su juicio “esto no mira el bien del INE”.
Respecto del cuestionamiento de las cifras, Bravo sostuvo que “lo que hicieron las autoridades es decir ‘volvamos atrás y usemos esta información’. Esta no es las población total, porque la población total va a venir después de la conciliación censal, y contradice incluso la opinión de Celade, que había dicho que en general los datos del Censo 2012 no deberían usarse para efectos de este proceso de conciliación, no deberían usarse, no deberían hacerse públicos, no debería haber ocurrido lo que ocurrió hoy (ayer)”.
Ante la posibilidad de que Celade participe del proceso de conciliación, Bravo reconoció que dado que es un organismo internacional, colabore con el gobierno, pero “tengo la impresión de que probablemente a esas alturas ya existirá una nueva dirección del INE. Todo esto ha sido un proceso muy anormal, se ha salido de la norma la forma en como se presentaron los resultados, hubo escándalo público y no hay que olvidar que hay un proceso abierto que sigue la Fiscalía”.
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