Por Gonzalo Cerda MILLA
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó que el gobierno ingresó ayer al Congreso y con discusión inmediata, el veto del presidente de la República, con un reajuste al salario mínimo de 5,8%, equivalente a $ 182.000.
Tras el anuncio se abrió un nuevo frente y que dice relación con los costos políticos que derivan de una discusión que este año ha sido catalogada de “histórica”. Si bien durante 2010 ya se evidenciaba un clima adverso para el gobierno al tratar de alcanzar consenso en el aumento del ingreso base, este año, las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, de mezquindad y obstruccionismo, marcaron el debate.
Después de que la comisión mixta rechazara la propuesta del gobierno, y que la discusión llegase a un nivel donde la intervención del presidente es la última garantía para que los trabajadores reciban un reajuste este año, el titular de Hacienda emplazó a que la Concertación asuma el costo político ante un eventual nuevo rechazo.
“Los que tendrían que asumir el costo político son los que rechazarán un aumento del salario mínimo de $10.000, un reajuste de 5,8% nominal, 2,5% real”.
Ante el emplazamiento, parlamentarios de la Concertación acusaron al gobierno de no poder resolver “donde corresponde” los temas importantes para la ciudadanía. Diputados integrantes de la comisión mixta señalaron que el gobierno no tiene la “capacidad de diálogo” y lo atribuyeron al excesivo afán del Ejecutivo de extender lo más posible las discusiones sin entregar propuestas que ayuden a destrabar los debates.
El ministro sostuvo que “el gobierno ha estado conversando desde hace mucho tiempo. Por cinco meses, el proceso respondió a los propios planteamientos que nos dieron en la discusión del salario mínimo del año pasado que se graficaron en la comisión de salario mínimo”.
“Mezquindad absoluta”
Y es que la crítica más recurrente de la Concertación es la “incapacidad” del gobierno de poder explicar el por qué se aumentó la propuesta respecto del guarismo que entregara la comisión asesora de salario mínimo que recomendó un 4,4%.
Al respecto, Larraín precisó que “si nos hubiésemos mantenido estrictamente en lo que planteaba la comisión, nos habrían dicho que es la mezquindad absoluta, pero como aumentamos, nos critican por haber aumentado lo que dice la comisión, aquí las críticas ocurren por cualquier cosa que uno haga”.
Para el diputado Ernesto Silva (UDI), que este reajuste se haya extendido “más allá de lo razonable” pasa exclusivamente, porque la Concertación no ha tenido “la consistencia mínima como para apoyar el proyecto”.
“Lo que ha existido es un gobierno que ha sido firme en una posición y consistente, lo que se confirma en el veto”, afirmó el diputado.
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