Por Rodolfo Carrasco M.
Un exhaustivo análisis de la indicación sustitutiva presentada por el gobierno al proyecto de ley que busca regular la actividad de los lobbystas realizó el ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Juan Pablo Olmedo.
- ¿Cómo califica la indicación sustitutiva al proyecto de lobby?
- Es una indicación sustitutiva al proyecto presentado por la ex presidenta Michelle Bachelet que ya tenía un acuerdo en el Senado. El proyecto de ley se caracteriza por dos elementos sustanciales, el primero es una renuncia a la regulación de la actividad de lobby y lo segundo, es un reforzamiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados, en el entendido que ellos son la administración del Estado y las autoridades de los órganos constitucionalmente autónomos, en esa lógica la práctica hoy arraigada en la gestión pública y sobre todo a propósito de los instructivos emanados del CPLT indica que muchas autoridades ya están cumpliendo con la necesidad de transparentar las agendas públicas, por lo tanto, este proyecto vendría a dar certeza legal respecto de esa materia, lo cual es oportuno y necesario. La preocupación al respecto nace más bien de la fiscalización de cumplimiento de esa norma. El proyecto de ley impone a la Segpres la obligación de consolidar en una sola página web las agendas públicas de todos los funcionarios pertenecientes a la administración del Estado, en ese sentido, sería oportuno complementar el proyecto para efectos de ratificar expresamente la facultad del CPLT respecto del cumplimiento de esa obligación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- ¿Cómo califica que el gobierno optara por no regular a los sujetos activos de lobby?
- En esto acudo a lo que señaló el informe de los expertos convocado en el año 2006 por la ex presidenta Bachelet, que por primera vez, incorpora dentro de la política pública de probidad y transparencia, que por lo demás ha sido de continuidad en la labor del ejecutivo desde el año 1994, la necesidad de regular el lobby en su integridad incluyendo particularmente el ejercicio de la actividad de lobby. Me parece que ese es el norte y habría que insistir en ello.
- ¿A qué se debe que quienes ejercen el lobby remunerado en Chile tengan resistencia a sincerar su actividad?
- La tradición del secreto en Chile es muy fuerte y continúa, promover ámbitos de cambio cultural a favor de la transparencia es una necesidad que cada día se hace más evidente, pero tiene obstáculos. Es de esperar y sería bueno para el país que aquellos referentes que ejercen la actividad de lobby de manera profesional y que aspiran a participar de la globalización en la prestación de servicios profesionales, asuman prontamente el liderazgo en esta materia para los efectos de colaborar en todo lo que es la discusión legislativa que hoy vemos. Aunque hay que reconocer que la regulación del lobby como la de acceso a la información, no puede ser exhaustiva. Hay muchas esferas que necesariamente, deben quedar en el ámbito de la interpretación y regulación posterior y en ese ámbito, lo que se requiere en una sociedad como la chilena es identificar a una autonomía, sea la del CPLT u otra que pueda tomar esta esfera para mediante fiscalización, resolución, promoción, entre otras competencias pueda ir poco a poco acompañando un proceso de mayor transparencia y mayor visibilidad de una actividad legitima y necesaria y en la cual el país debe sentirse orgulloso de tener representantes que se asimilen a los estándares internacionales que hoy la comunidad internacional de lobbystas está desarrollando.
- ¿Cómo considera que el gobierno se allane a legislar respecto de la revelación de los correos electrónicos de funcionarios públicos?
- El presidente del CPLT ha señalado también un ánimo en similar orientación, ciertamente modificaciones legales que profundicen el régimen de transparencia y de derecho de acceso a información serán siempre bienvenidas, pero hay que tener cuidado que las mismas no menoscaben el derecho fundamental de acceso a información que reconoce la Constitución y los tratados internacionales y que al mismo tiempo, mantengan al país al nivel de las mejoras prácticas internacionales en estas materias.
- ¿Cómo ha visto los primeros años de funcionamiento del CPLT?
- Ha sido un aporte al país, ha contribuido a generar confianzas, hay reconocimiento de la ciudadanía y el trabajo realizado así lo demuestra, transcurridos poco más de tres años ciertamente es bueno generar una revisión de la institucionalidad y se debiera profundizar algunos aspectos que no fueron vistos durante la discusión parlamentaria como un consejo más fortalecido en su integración y dedicación, con mayor participación ciudadana en la integración y con un presupuesto que le permita expandir el ejercicio de sus competencias para cumplir cabalmente con la función que se la ha dado.
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