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Publicado: Miércoles 29 de agosto de 2018 a las 04:00 hrs.

De manera inédita, el gobierno tuvo que presentar un veto para lograr una mejora del salario mínimo con una fórmula plurianual que zanjaba el tema por largo tiempo.
El rechazo alineado de toda la oposición y la ausencia de parlamentarios oficialistas en la Sala muestra que la Cámara de Diputados se ha convertido en un terreno cada vez más laberíntico para La Moneda.

Aunque la oposición se atrincheró en una propuesta imposible para el Ejecutivo, el costo final por la impericia lo pagará el gobierno.
Muchos en la oposición verán esto como una victoria, aunque no haya reajuste y así el millón de trabajadores que gana el salario mínimo, principalmente jóvenes y migrantes, seguirán con la actual renta que no permite salir de la pobreza.
Al final del día, esta falta de acuerdo y las estrategias tipo dilema del prisionero, terminan pagándola a quienes aparentemente buscan beneficiar.
El resto de la opinión pública verá esta contienda como otro paso en la peligrosa radicalización que está tomando la política chilena y el desprecio total a retomar el espacio de los acuerdos. Y sin duda, impactará en las encuestas de aprobación.
Este episodio, además, es una antesala de lo que puede pasar en la discusión de la modernización tributaria que ha propuesto la Moneda.
Si la Cámara mantiene este nivel de crispación puede darse el peor de los escenarios, un rechazo a la idea de legislar.
Para la actual administración, eso es fatal, pues echa abajo su principal bandera de campaña y los indispone en serio con su compromiso de hacer medidas pro crecimiento. Aunque se sabía desde los inicios que la oposición sería mayoría en el Congreso y que el Frente Amplio tendría un rol de arrastrar hacia la polarización a muchos diputados de oposición, el gobierno confiaba en abrir puentes con la Democracia Cristiana. Con este resultado en el salario mínimo, pareciera que no le quedará más remedio que sacrificar al subsecretario de Redes Asistenciales, si desea sacar su reforma tributaria. París bien vale un Castillo.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.