La semana pasada, los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, en representación de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), ingresaron al Tribunal Constitucional (TC) un “téngase presente” por las consideraciones y vicios de inconstitucionalidad que tendría el proyecto de ley que “sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos”.
El escrito, luego de su ingreso, generó una batahola de reacciones al interior del mundo político y el Gobierno, desde donde criticaron duramente el actuar del mundo empresarial.
A días de dicho hito, este lunes la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) emitió un pronunciamiento, respaldando el actuar de la confederación.
"Condenamos todas las malas prácticas empresariales, constituyan o no delitos, y consideramos necesario que las conductas delictivas más graves puedan concluir en cárcel efectiva para sus perpetradores", parte señalando la declaración, la cual plantea que si bien la ley aprobada por el Congreso "busca generar desincentivos a conductas delictivas, esta podría tener impactos significativos en la actividad empresarial y, por ello, requiere de una profunda revisión".
Tres problemas
¿Qué problemas tiene la norma y que requieren ser revisados por el TC? Desde la perspectiva de la Sofofa, principalmente tres.
En primer lugar, señalaron que la ley establecerá un estándar jurídico distinto para un grupo de personas de la sociedad (directivos y gerentes de empresas) respecto del resto de los ciudadanos del país, "no respetándose así el principio de igualdad ante la ley, tanto en la calificación de las penas de las que serán objeto, como de los beneficios a los que podrán acogerse en el proceso".
Como segundo punto, desde el gremio industrial plantearon que si bien les parece fundamental condenar y tener legislaciones adecuadas frente a delitos que atentan gravemente contra la actividad empresarial y la sociedad en su conjunto -como la colusión, el cohecho, la corrupción, entre otros, que conlleven un alto costo para sus responsables-, "esta ley en particular agrega un grupo de figuras delictivas difusas. Entre ellas, la adopción de acuerdos abusivos en el directorio y la entrega de información falsa, sumados a la ya existente administración desleal, entre otros".
Para Sofofa, la falta de precisión y exactitud en la definición de estas nuevas figuras delictivas "genera un ámbito de ambigüedad amplio en la interpretación de la frontera entre el error, la inobservancia y el delito".
Como tercer punto, desde el gremio cuestionaron que este nuevo catálogo de delitos "será difícil de probar por parte de los persecutores y también complejizará la defensa por parte de los acusados, abriendo un amplio espacio de discrecionalidad en la calificación de una conducta".
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