Como un fenómeno que no terminan de explicarse, las últimas protestas ciudadanas -que se calcula que han movilizado a más de 150 mil personas- se han transformado en una de las principales preocupaciones de La Moneda.
Por sus peculiaridades, que exceden a la causa netamente ambientalista, no son pocos los que al interior de palacio han temido que pueden ser el germen de situaciones similares a las ocurridas en países que han derrocado a los gobiernos o los han puesto en jaque -como Túnez, Egipto o Libia- o que les han propinado fuertes derrotas, como sucedió recién en España.
Pero en ningún caso todos perciben la situación con ese grado de dramatismo, fundamentalmente, porque la realidad en Chile difiere completamente a la de esos países, donde fueron la falta de democracia o los altos índices de desempleo, los que gatillaron las explosiones de descontento.
Las disímiles miradas frente a lo que está sucediendo da cuenta de que no existe un diagnóstico común acerca de estas protestas, excepto que se está ante una realidad que no se puede subestimar.
Con el temor de que pudieran ir en aumento, como había ocurrido con las marchas anteriores, las autoridades iniciaron un proceso tendiente a minimizar los costos de un fenómeno que las descolocó, pero que también sobrepasó a la Concertación.
Fuera de cálculos
La certeza de que la causa ambientalista tiene progresivamente más adeptos, lo único que no resultó sorprendente, ni para La Moneda, ni tampoco para la oposición, fue que la esperada aprobación del polémico proyecto de HidroAysén el lunes 9 de mayo, generaría importantes expresiones de descontento ciudadano.
Lo que escapó a todos los cálculos, sin embargo, fue que aun cuando las encuestas indicaran que un altísimo porcentaje se opone a la instalación de represas en la Patagonia, pudiera surgir una protesta que movilizara a más de 30 mil personas, como ocurrió el viernes 13 en Plaza Italia, ni menos que la situación se repetiría con más adherentes aun, una semana después, incluso con réplicas en todo el país.
El impacto no sólo alcanzó a las autoridades que no estaban preparadas para ello, sino también golpeó a la oposición, que constató que era un fenómeno que escapaba completamente a su control.
Más allá del ambientalismo
Lo cierto es que, de pronto, tanto el oficialismo como la oposición, se encontraron con que un hecho político de magnitudes insospechadas irrumpía en el escenario.
Es lo que admiten incluso los propios líderes ambientalistas que aparecían encabezando la convocatoria, para quienes la movilización ciudadana superó con creces al reclamo por el cuidado de la Patagonia, reflejando una sensación de descontento o frustración mucho más general, especialmente, en la juventud.
Reconociendo que la causa medioambiental fue el principal detonante, no desestiman que la masiva participación estudiantil, liderada por los dirigentes universitarios, en parte obedece a que tienen en común la disconformidad frente al modelo que expresa este gobierno, pero también los anteriores.
En esa línea, aparece sintomática la coincidencia en los juicios de algunos dirigentes ambientalistas, como Sara Larraín de “Chile Sustentable” o Patricio Rodrigo de “Patagonia sin Represas”, con las apreciaciones de los representantes de la FECH o la FEUC, diciendo que los unen temas históricos, porque las demandas son las mismas de los tiempos de la Concertación.
Como sea, todas las teoría apuntan a que las causas para protestar pueden estar orignadas también en otro cúmulo de frustraciones, pero existe coincidencia en que todas parecen tener como denominador común un rechazo a la clase política en general, la cual perciben que no interpreta los intereses ciudadanos.
Lío para la Concertación
Es cierto que -como reconocen las propias autoridades- este estallido ciudadano impacta con más fuerza en contra del actual gobierno, no sólo porque aparece como el responsable de haber aprobado HidroAysén, sino porque el solo hecho de ser de derecha, lo hace aparecer como más insensible frente a demandas tradicionalmente más identificadas con la izquierda.
Eso no significa, sin embargo, que la Concertación esté en condiciones de capitalizar el actual descontento, porque aun cuando los manifestantes sean parte de ese segmento del 50% que rechaza al actual gobierno, están distantes de sentirse cercanos o interpretados por el conglomerado opositor.
Está claro que sus principales líderes se han esforzado por mostrarse contrarios a la instalación de las centrales en la Patagonia, pero lo han hecho con cierta cautela porque saben que no tienen cómo demostrar que se habían opuesto antes, sino por el contrario, tienen la carga de los testimonios que indican que muchos incluso fueron partidarios o avalaron con su silencio, la instalación del polémico proyecto hidroeléctrico.
De hecho, no sólo el oficialismo se ha esmerado en mostrar las evidencias del respaldo de algunos ministros o parlamentarios, sino los propios líderes ambientalistas se los han enrostrado, como lo hizo nada menos que el reconocido ex asesor del presidente Ricardo Lagos, Hernán Sandoval, quien acusó que los gobiernos concertacionistas nunca fueron sensibles a los temas de medioambiente, o Luis Mariano Rendón, que reclamó del propio Lagos una dosis de más pudor, aduciendo a que en su gobierno la institucionalidad ambiental alcanzó niveles de brutalidad que no han sido superados.
Con miras al futuro, la que aparece más complicada es Michelle Bachelet, al punto que para borrar la huella de lo que ocurrió durante su gobierno, estaría mandatando a algunos de sus cercanos a explicar que ella nunca fue partidaria de la instalación de las centrales, en contraste con hechos como que en su período se iniciaron los estudios ambientales que no se detuvieron, o que algunos de sus ministros, como Edmundo Pérez Yoma, Sergio Bitar o Marcelo Tokman respaldaron abiertamente HidroAysén.
Es que el bacheletismo tiene claro que si no puede capitalizar un movimiento ciudadano como el que se ha gestado, las opciones presidenciales de la ex presidenta pueden decaer fuertemente.
Tanto es así, que esta situación estaría produciendo un giro en el cuadro político concertacionista, donde comienza a tomar fuerza la tesis de dar por superada a la actual Concertación, ampliándola a todo el espectro opositor, que es precisamente el que se estaría manifestando por su insatisfacción con toda la actual clase política.
Control de daños
En La Moneda tienen claro que lo más importante para lograr que este fenómeno social no escale hacia un estallido de consecuencias inimaginables, es impedir que se politice.
En ese contexto, la estrategia diseñada en estos días apunta a tratar de restarles protagonismo a los dirigentes estudiantiles, que son militantes de izquierda, intentando que el movimiento quede focalizado en la causa medioambiental.
Eso explica, por ejemplo, la decisión de terminar autorizando la marcha de este fin de semana, pero sobre todo, la apertura a dialogar con los dirigentes.
Parte de la decisión de palacio se basó en que, como los propios líderes ambientalistas han reconocido que no pretenden constituirse en un grupo político, sino que su aspiración es influir en las decisiones, el mejor camino era escuchar sus demandas.
Fue entonces cuando se optó que el ministro de Energía, Laurence Golborne, iniciara una ronda de reuniones con los principales dirigentes que se oponen a HidroAysén, como el doctor Hernán Sandoval o Patricio Rodrigo, lo que se espera que continúe con otros, como Sara Larraín o Luis Mariano Rendón.
Con más armas que la Concertación, las expectativas del gobierno apuntan a que, atendiendo algunos de sus reclamos, las expresiones de los indignados chilenos no sólo comiencen a decrecer, sino que no le den a la oposición el espacio que seguirá tratando de conquistar.
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