El ministro de Economía, José Ramón Valente, defendió al nuevo Sernac y descartó que haya quedado con menos poder, como han criticado sectores políticos, luego que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara promulgar la nueva normativa sin las herramientas sancionatorias con que había sido aprobado originalmente el proyecto en el Congreso.
El secretario de Estado destacó que la nueva institución fortalece las sanciones, aumenta sus atributos fiscalizadores y también la demanda colectiva.
"Lo que el TC dictó finalmente es que el Sernac no puede ser juez y parte en un proceso, eso no implica haberle quitado todas las herramientas sancionatorias que tiene y no implica haber dejado sin dientes al Sernac", dijo a radio Cooperativa.
"Con esta ley se fortalece la capacidad que tiene de sancionar, se fortalece la capacidad de dar respuesta rápida a las demandas de los consumidores (...) A pesar de lo que le quitó el TC, se le otorga nuevas facultades al Sernac que son muy importantes para darle esos dientes que dicen que se le han quitado", recalcó.
Más capacidad fiscalizadora y demandas colectivas
En conversación con la emisora, el secretario de Estado fue enfático en señalar que el nuevo Sernac tendrá nuevas facultades que serán importantes en la protección de los consumidores.
"Se aumentan las capacidades fiscalizadoras del Sernac. Hoy día, sin esta ley, el Sernac puede ir a fiscalizar una empresa y la empresa se puede negar a la fiscalización, con esta ley la empresa ya no se va a poder negar a la fiscalización del Sernac, por lo tanto se le da esa facultad", aseveró.
Además, destacó que "se robustece la herramienta más importante del Sernac que son las demandas colectivas". Y es que según datos que aportó Valente, desde 2012 hasta la fecha hay más de $ 10 mil millones en compensación a consumidores producto de estas demandas colectivas "y el trámite de admisibilidad para estas demandas colectivas se fortalece en esta nueva ley".
Finalmente, el ministro enfatizó que se aumentaron hasta en siete veces las multas que puede aplicar el organismo a empresas infractoras.
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