Una serie de medidas destinadas a fortalecer la descentralización presentaron hoy los parlamentarios integrantes de las bancadas regionalistas en el Congreso, algunas de las cuales apuntan a su implementación en el corto plazo, con gradualidad de ser necesario, y otras a largo plazo.
Entre las propuestas impulsadas por este grupo de legisladores destacan aquellas que dicen relación con rentas regionales, considerando que el próximo año debería concretarse la primera elección de los gobernadores regionales.
En el seminario también entregaron su visión acerca del tema algunos expertos entre los que destacaron el extesorero general de la República, Hernán Frigolet, y Henrich von Baer, presidente de Chile Descentralizado.
Las principales propuestas de los organizadores apuntan a aspectos de ordenamiento territorial, participación ciudadana, capital humano y rentas municipales; esta última plantea objetivos de responsabilidad fiscal y política, entre los que supone la necesidad de "definir una ley de financiamiento y responsabilidad fiscal regional".
Entre las propuestas en este ámbito se pueden destacar algunas tales como la que supone formular y comprometer una política de Estado de "Descentralización Fiscal Responsable", que responda a las necesidades de gasto y a la capacidad de generar ingresos de las municipalidades y los gobiernos regionales, garantizando un financiamiento mínimo común y equitativo de los servicios públicos básicos; con criterios exigibles como condiciones para el buen uso de los nuevos recursos disponibles, asignación no discrecional de las transferencias: en base a criterios e indicadores técnicos previamente definidos y calidad de la gestión, medida en base a variables e indicadores objetivos.
Asimismo, las bancadas regionalistas -que en el Senado es liderada por Alejandro Guillier y en la Cámara, por el diputado Rodrigo González- postulan que se debe invertir en "más y mejor desarrollo"; implementar una gobernanza con multiactores, generar transparencia de información completa, como ingresos y gastos, en plataformas de libre acceso y rendición de cuentas robustas.
Asimismo se busca crear un fondo Nacional de Desarrollo Local, aumentar los recursos transferidos a los gobiernos regionales a partir de los programas de inversión de impacto regional que hoy están en los ministerios; crear una franquicia tributaria para las donaciones a municipios y regiones destinadas a inversión o programas en beneficio de la comunidad; aumentar los recursos de libre disposición de los municipios mediante la mejora de normas legales y reglamentarias que faciliten la recaudación de impuestos y derechos municipales, y mejorar el Fondo Común Municipal.
En el corto plazo, se propone el aumento del porcentaje de inversión regional del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), respecto del total de inversión regional, de forma gradual en 8 años, pasando de un 7% a un 15%; la creación de un fondo de desarrollo local, a partir de cartera de proyectos, administrado por Corporación (gobernanza público-privada-social); el fortalecimiento de un Fondo de Convergencia para la equidad territorial, destinado a zonas de rezago, flexible y de mediano plazo; descentralizar fondos discrecionales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Programa de Mejoramiento Urbano ), Programa de Mejoramiento de Barrios, esterilización de mascotas, otras) y, por último, generar equidad en el pago de patentes comerciales, modificando reglamento de ley de rentas municipales.
Para el mediano y largo plazo, estos equipos de trabajo proponen un porcentaje del IVA como impuesto de contribución regional; el aumento de royalties minero de 3,8% a 5%; que se aporte parte de las utilidades de las empresas públicas a los gobiernos regionales o municipios para inversión en proyectos territoriales, con incentivos a la buena gestión y ejecución presupuestaria.
Además de eso, se plantea una redistribución de 3% del valor nominal de los minerales extraídos, destinado a obras de desarrollo de zonas en las que se realiza la actividad extractiva de grandes empresas mineras; la promoción de una ley de puertos; una tasa a la tala forestal (sobre 200 hectáreas); impuestos verdes, endeudamiento acotado para inversión de GOREs y municipios y descentralización de las compras públicas: convenios marcos regionales.
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