“El Presidente de la República deberá dictar, sin más trámite, un decreto promulgatorio (...) que se ajuste a lo resuelto por el aludido Órgano Contralor”. Con esas palabras el Tribunal Constitucional (TC) dio el visto bueno a la promulgación del proyecto que moderniza y fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el cual este martes cumplió cuatro años de tramitación.
El pasado 10 de mayo el gobierno ingresó un requerimiento al TC para que esta entidad resolviera el conflicto constitucional suscitado con respecto al decreto promulgatorio del proyecto, el cual se generó debido a que la Contraloría General de la República rechazó el primero que presentó el gobierno de Sebastián Piñera. Esto, debido a que éste contenía normas que habían sido declaradas contrarias a la Carta Fundamental por el TC en enero.
Tras varias semanas de espera, finalmente el TC respaldó lo planteado por la Contraloría, lo que se traduce en que el texto de la nueva ley del Sernac no podrá contener las facultades sancionatorias que incluía el texto inicialmente.
Lo resuelto contó con los votos en contra de los ministros Gonzalo García Pino y Nelson Pozo Silva, los que estuvieron por rechazar el requerimiento presentado por el presidente Piñera. Dentro de sus razones, los magistrados explicaron que “esta es una sentencia atípica por múltiples razones”, y explicaron que se trató de una resolución sobre aspectos formales de la Constitución.
“El requerimiento es un verdadero test acerca del modo en que entendemos nuestras competencias. Tercero, porque en el centro del conflicto normativo planteado están los efectos de nuestro Tribunal. Y cuarto, porque en el fondo es un conflicto en estricto rigor de teoría y práctica procedimental”, precisaron.
Para lograr promulgar la iniciativa el actual gobierno desplegó un intenso lobby en el TC. A inicio de mayo, el asesor jurídico de Cristián Larroulet, Sebastián Soto, se reunió con el presidente del TC, el ministro Iván Aróstica, para abordar las posibles alternativas del gobierno en este tema.
Pero ese no fue el único encuentro. Soto también se reunió con Aróstica el 9 de mayo, en medio de una actividad del TC con representantes del tribunal constitucional alemán.
Aumento de multas
Uno de los cambios que incorpora la nueva norma, y que de hecho ha sido un punto destacado por el actual director del organismo, Lucas del Villar, es el aumento de multas.
Sobre esta materia el proyecto de ley aumentó el techo de las multas y eliminó los pisos respecto a lo que actualmente existía. A modo de ejemplo, las prácticas que pudiesen afectar la salud, seguridad y medio ambiente o derechos fundamentales podrían pagar una multa entre las 750 UTM y 1.000 UTM; mientras que con la nueva legislación ese mismo tipo de prácticas podrá ser multada con un máximo de 2.250 UTM (cerca de $ 150 millones).
La modificación a la ley, que podrá ser promulgada, también incluye multas hasta las 1.500 UTM por prácticas que puedan tener un impacto potencial en un número masivo de consumidores, y hasta 750 UTM por prácticas abusivas con impacto potencial en un número acotado de consumidores. Esto último actualmente se sancionaba con 400 UTM.
La promulgación de la norma será pronto. Al cierre de esta edición, se desconocía la reacción del Ejecutivo sobre la sentencia del TC.
Actual director del Sernac, Lucas del Villar, ha sido una de las autoridades que ha destacado el aumento de las multas que contempla la nueva norma.
Una historia de cuatro años de tramitación
- 3 de junio 2014
- Proyecto ingresa a la Cámara de Diputados.
- 18 de mayo 2015
- Proyecto es aprobado en la Cámara tras una serie de indicaciones y cambios en las urgencias por parte del Ejecutivo. Pasa al Senado.
- 29 de septiembre 2015
- Con 33 votos a favor, se aprueba en el Senado. Plazo para indicaciones es ampliado desde el 9 de noviembre hasta el 14 de junio de 2016.
- 18 octubre 2017
- Vuelve a la Cámara de Diputados para su revisión tras ser aprobado por el Senado aunque con enmiendas. Ejecutivo dispone discusión inmediata.
- 24 de octubre 2017
- Por unanimidad, la Cámara aprueba modificaciones introducidas por el Senado. Normas relacionadas a facultades normativas y sancionatorias son aprobadas pero con una treintena de votos en contra. Empresarios expresan inquietud ante "gran cantidad" de facultades.
- 26 de octubre 2017
- Presidenta Bachelet decide no usar el derecho a veto y proyecto pasa al Tribunal Constitucional para control preventivo.
- 18 de enero 2018
- Tribunal Constitucional rechaza facultades normativas y sancionatorias que contemplaba el proyecto.
- 30 de abril 2018
- Contraloría respalda decisión del Tribunal Constitucional y decide no dar curso a la promulgación del proyecto al advertir normas "declaradas inconstitucionales".
- 05 de junio 2018
- El Tribunal Constitucional autorizó la promulgación del proyecto, respaldando lo señalado por Contraloría.
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