Por Víctor Hugo Moreno
En la reunión previa que tienen a solas los presidentes de partidos antes de entrar al tradicional comité político de los lunes, hubo una inquietud que fue compartida por todos: ¿la arremetida de la agenda en seguridad, producto del atentado del pasado lunes, irá a repercutir en la agenda del programa de gobierno? Todos los timoneles han expresado que esto no debiese ser así y que, por el contrario, había que reforzarla. Ahora faltaba tener la certeza y la seguridad de que el gobierno pensaba en la misma sintonía. “Le consultamos al gobierno si esta situación altera en algo la agenda, que desde el punto de vista programático el gobierno se ha planteado, como los itinerarios, y se nos ha señalado- con absoluta certeza- que no hay ninguna alteración o cambio en esta agenda, explicó el vocero de la NM, presidente del PS, diputado Osvaldo Andrade.
Es así que - como explicó otro de los asistentes a la reunión- se le pidió al gobierno fortalecer la agenda y dar celeridad, por ejemplo, al pronto envío de dos de los proyectos de educación relativos al estatuto docente y a la desmunicipalización. El ministro de la cartera, Nicolás Eyzaguirre, presente en el encuentro, tomó nota y explicó la posibilidad de que estos dos proyectos ingresen a la Cámara, una vez que lleguen al Senado el que pone fin de la selección, fin al lucro, y al copago. También, se conversó la intención de que la reforma al sistema binominal pueda ser aprobada en su último trámite en el Senado, no más allá del 30 de septiembre, como asimismo que se avance en la agenda laboral, los temas de salud y la reforma constitucional.
Acuerdo, sin detalles
Esta preocupación surgió en el marco de la urgencia que el gobierno le está dando a las reformas que estudia en los temas de seguridad, especialmente referidos a la modificaciones en la ley de la ANI y la antiterrorista.
En su calidad de vocero del bloque, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, afirmó que los partidos se comprometieron a respaldar las iniciativas del Ejecutivo en estas materias. Sin embargo el compromiso es “en verde”, pues aún no se entra al detalle de los métodos, como, por ejemplo, la figura de los agentes encubiertos y qué instituciones podrán tenerlos; las facultades para intervenciones telefónicas, y cómo se verá el tema de la delación compensada. Todos estos detalles impiden un pleno consenso, al punto que la posibilidad planteada por el Ejecutivo de que la ANI pudiera contar con este tipo de agentes desató la polémica al interior del bloque oficialista, donde muchos lo desestiman al afirmar que éstos deben depender de las policías, tal como expresó el fiscal nacional, Sabas Chahuán.
En este cuadro, pese al respaldo entregado, el mismo Andrade aclaró que en la cita de ayer “no entramos en el detalle de las iniciativas. Esperamos que el ministro nos dé mayor precisión de ciertas cosas”, indicó. A su vez, el timonel DC, senador Ignacio Walker, expresó que hubo consenso en lo general, pero que aún no se puede pronunciar por el particular: “Yo, lo que he visto (con los demás presidentes), no hay dos opiniones en torno a cerrar filas con el gobierno. Las diferencias, los matices y las apreciaciones podrán surgir una vez que conozcamos los proyectos”, expresó. Mientras que el presidente del PC, quien es visto como uno de los más escépticos a darle un mayor poder a la ANI, señaló que “estamos en un sistema democrático que hay que defender, el cómo se va a discutir mediante un proyecto de ley”. Y añadió que aun teniendo un buen sistema de inteligencia podrían quedar casos no resueltos, por lo que lo importante es que haya una ley eficaz para evitar y prevenir estos hechos.
El trabajo de los fiscales
Otro de los temas que estuvo en la mesa, como ha ocurrido en las últimas reuniones especiales por seguridad, es la preparación que tienen los fiscales para llevar adelante este tipo de casos. Algunos timoneles proponen que exista una mayor capacitación, como también un poder de fiscalización de su desempeño. Este tema complica a La Moneda, pues el Ministerio Público - encargado de este trabajo-, es un órgano autónomo y lo que se está intentando evitar es tener roces entre ambos organismos, con el fin de lograr un mayor poder de trabajo en conjunto y coordinación. Con ese propósito, el ministro Peñailillo se reunirá hoy con el fiscal Chahuán.
84% POR APLICAR LEY ANTITERRORISTA
La última encuesta de Plaza Pública-Cadem revela que, pese al aten- tado del 8 de septiembre pasado, mayoritariamente, un 56%, sigue visualizando a Chile como un país seguro, mientras que un 42% estima lo contrario. En contraste, un 69% cree que en el país existen grupos terroristas, frente a un escaso 27% que estima que no los hay. El sondeo muestra también que existe un amplio consenso, que llega al 84% de respaldo al gobierno en la aplicación de la Ley Antiterrorista, frente a sólo el 12% que está en desacuerdo. Y si bien el 45% cree que la autoridad ha actuado con "firmeza" en este caso, un 42% esti- ma que lo ha hecho con "debilidad". Y en medio del debate en orden a darle mayores atribuciones a los organismos investigativos, un 49% cree que los responsables serán encontrados y llevados a la justicia, pero nuevamente un significativo 46% opina lo contrario. Mientras que según un 60% de los consultados en este estudio, éste fue el "peor ataque terrorista en Chile" en los últimos 20 años y sólo un 32% no está de acuerdo con esta aseveración.
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