En medio de la preocupación que provocó en la ex Nueva Mayoría la resolución del TC sobre el Sernac, un grupo de senadores opositores decidieron presentar una reforma constitucional que busca consagrar en la Carta Fundamental de manera explícita los derechos de los consumidores, frente al "abuso de las empresas".
Los senadores socialistas Álvaro Elizalde, Alfonso De Urresti, Rabindranath Quinteros; el PPD Felipe Harboe y el DC Francisco Huenchumilla son los autores de la moción que establece que "es deber del Estado garantizar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, en especial, el derecho a la libre elección de los bienes y servicios, a recibir información veraz y oportuna, a un trato equitativo, a no ser discriminado arbitrariamente, a la seguridad y calidad en el consumo de bienes y servicios y a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños causados por el incumplimiento".
En este sentido, el senador De Urresti explicó que la iniciativa busca crear un mandato claro de protección y un verdadero deber sobre el legislador "para proteger a los consumidores y usuarios frente a los abusos que algunos proveedores pueden cometer".
De ahí que, con ocasión de la sentencia dictada por el TC respecto del Sernac, queda de manifiesto que "a falta de un mandato claro y explícito, la Constitución puede ser interpretada de un modo en que termina siendo un obstáculo para que el legislador establezca los instrumentos de política pública necesarios para corregir de manera adecuada las imperfecciones de mercado y los desequilibrios y desigualdades que afectan a los consumidores y usuarios", expresa el proyecto de reforma.
En este sentido, el senador Quinteros fue categórico: "La sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Sernac cercenó las facultades que había dotado al Servicio Nacional del Consumidor para proteger de modo eficaz a los consumidores. Esta reforma tiene por objeto respaldar las facultades de órganos del Estado competentes para proteger a los consumidores".
Mientras que según el también timonel socialista "los consumidores no pueden quedar en la indefensión. Este proyecto es la respuesta ante los fallos del TC, que se ha convertido en el guardián del abuso" e instó "al gobierno a apoyar esta iniciativa, para ser consecuente con su permanente retórica de defensa de la clase media".
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