El Consejo Para la Transparencia (CPLT) envió un oficio la semana pasada a todas las empresas públicas con el objetivo de presentarles una serie de medidas tendientes a subir los estándares de probidad y buen gobierno en estas compañías y acercarlas a niveles internacionales.
El presidente del CPLT, Marcelo Drago, sostuvo que la iniciativa busca “generar oportunidades de control social en el quehacer de las empresas públicas, lo que permite colaborar con la reducción de ámbitos percibidos como opacos o poco transparentes”.
En tal sentido, se considera una buena práctica mantener a disposición permanente del público en el sitio web en un lenguaje claro y accesible a la ciudadanía, las siguientes materias actualizadas, al menos, una vez al mes la estructura de propiedad y votación de la empresa. Se sugiere presentar de manera esquematizada la estructura de propiedad y las votaciones en el directorio de la empresa, las cuales deben ser de fácil comprensión.
También se recomienda disponer en el sitio electrónico de la empresa pública las actas del gobierno corporativo de ésta, que den cuenta de la o las principales decisiones; así como las transferencias en dinero efectuadas desde otros órganos públicos y todos los contratos de carácter comercial, legal, financiero o de cualquier otra especie, cuyo monto total o parcial anual supere las 1.000 UTM en un período de al menos un año, indicando nombre del proveedor.
Otras acciones para contribuir a la trasparencia sugeridas por el consejo apuntan a informar acerca de los montos que la empresa destinará a la formación de fondos de capitalización y reserva, así como aquellas utilidades líquidas que ingresarán a las rentas generales de la Nación.
Como otra buena práctica, se plantea disponer la estrategia de la compañía en materia ambiental, que incluya los procesos, estándares o medidas de mitigación; y un informe anual de rendición de cuentas, que incorpore los criterios recomendados por la OCDE y sea objeto de un proceso de consulta ciudadana.
En cuanto a gobiernos corporativos se solicita generar una política interna de regulación de conflictos de intereses que consideren mecanismos de control en la suscripción de contrataciones en que intervengan personas relacionadas con directivos y gerentes.
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