Continúa el debate en torno al impuesto a los servicios digitales (ISD), contenido en la reforma tributaria y que implica un gravamen de 10% a las ventas de plataformas que operen en Chile desde el exterior y que sean consumidos por personas (como Netflix y Spotify).
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) es la última entidad en proponer cambios al ISD, asegurando que dicha tasa debiese estar en 19%, idéntica a la del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
"A falta de acuerdos internacionales, en los hechos se ha ido instalando una tendencia creciente a establecer el pago del IVA a los servicios digitales prestados en forma transfronteriza. En efecto, luego de un largo período de silencio, en los últimos dos años más de una veintena de países han anunciado la aplicación de impuestos a este tipo de servicios", señaló la CCS en un comunicado.
Según un reporte de la cámara, "casi sin excepciones" los países han optado por aplicar la tasa del IVA de acuerdo a sus normativas.
"Así, entre 2017 y 2018 han entrado en vigencia tasas tributarias entre el 5% (Taiwán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes) y el 22% (Uruguay). Previamente, a mediados de 2011, Noruega había sido uno de los pioneros en la materia al aplicar el IVA del 25% a este tipo de servicios", enfatizó el documento.
"En el caso de Chile se ha citado como una de las referencias para determinar la nueva tasa local el 3% que planea aplicar la Unión Europea, lo que, insistimos, omite el hecho de que hace casi cuatro años ese grupo de países resolvió el problema aplicando simplemente el IVA, que promedia el 21% entre los países involucrados", señaló el secretario general de la CCS, Cristián García-Huidobro.
"Distorsiones" de mercado
Para el ejecutivo, uno de los "problemas" de la propuesta del Ejecutivo es que el gravamen opera como una suerte de "impuesto específico", lo que produce que el costo neto de los servicios tiendan a subir. Por lo mismo, enfatiza que en línea con las prácticas internacionales se debe velar por la equidad tributaria.
"El acceso al mercado nacional de estos proveedores debe ser abierto, pero en igualdad de condiciones con sus competidores directos en el país (...). Más preocupante, tal vez, es el hecho de que se trata de un impuesto sustitutivo de cualquier otro. Es decir, la aplicación del 10% sobre las ventas libera al proveedor transfronterizo de pagar el impuesto adicional, que puede llegar hasta el 35% por sus rentas obtenidas en Chile", advierte García Huidobro.
El directivo pone el acento en que el diseño del ISD "desincentiva" la instalación local de los proveedores externos, ya que hace que sea "tributariamente más beneficioso" prestar los servicios desde el extranjero, evitando así el IVA y el impuesto a las utilidades.
"Lamentablemente, un modelo como el propuesto generará inevitables distorsiones en el mercado local, por lo que en nuestra opinión debe ser revisado", asegura.
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