Por Claudia Betancourt M.
Fue durante la gestión de Rodrigo Egaña Baraona como comisionado presidencial para asuntos indígenas de Michelle Bachelet cuando Chile comenzó a utilizar como normativa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La aplicación del instrumento, que reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas y su derecho sobre sus tierras y territorios, a su juicio sigue siendo un tema pendiente.
- ¿Qué se entiende por conflicto mapuche?
- Es un término que se ha acuñado para referirse a la situación de confrontación histórica que ha habido entre el pueblo mapuche y el Estado chileno desde hace muchísimos años. Pero es un término que confunde porque cuando uno habla del conflicto mapuche, lo que se viene a la cabeza a la gente, es lo que ha ocurrido en estos días. Es necesario separar drásticamente estos tema de violencia, que no tienen ninguna justificación, a las reivindicaciones históricas que tiene los pueblos originarios y el pueblo mapuche en especial, y que tiene distintas maneras de expresarse y que son bien distintas a estar quemando camiones o propiedades o ataques de personas.
- ¿Cuáles son esas reivindicaciones históricas?
- Son demandas que todavía están pendientes. La primera, es la vinculación con los temas más políticos que fue la aprobación del Convenio 169 de la OIT, que lamentablemente durante estos tres años de gobierno no se ha avanzado significativamente. Y a este, se unen tres otras grandes tareas que fueron planteadas en el gobierno anterior, como la reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas, la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas representativos de todas las etnias reconocidas en la ley y, por último, una reforma a la Conadi para transformarla en un servicio público en los temas indígena, y no en esta suerte de corporación bipartita gobierno-representantes de pueblos originarios que como esquema institucional está agotado.
- Este clima genera temor en los empresarios, pero también en aquellas comunidades mapuche que no comparten los métodos de la CAM...
-Quienes están utilizando estos métodos violentos no representan a la mayoría del pueblo mapuche, pero en la medida que no exista una política de Estado frente a las reivindicaciones fundamentales, este tipo de acciones tienen simpatía en los dirigentes y, sobre todo, en los dirigentes más joven del pueblo mapuche.
Si bien hay que separar en dos aguas la política de seguridad de la política indígena, si no tenemos una adecuada política indígena, que responda a las demandas fundamentales, será muy difícil que se sumen a esa política indígena la mayoría de la dirigencia y se le reste apoyo moral o apoyo material a estos grupos que están por esas posturas.
- ¿Cómo explica que este conflicto no ha podido ser solucionado ni por el gobierno de Piñera ni por la Concertación?
- En el gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet se definió una política integral, que se denominó “Reconocer hacia un nuevo pacto social por la multiculturalidad”. Se dejaron enviados los proyectos de ley en esta materia, que ciertamente no tuvieron acogida en el parlamento.
- ¿No realiza ningún mea culpa? Cree que se resuelve con el tema de entrega de tierras....
-Si bien se han aumentado algunas medidas de apoyo y desarrollos productivos a las comunidades que van recibiendo tierras, no hay una revisión fundamental de la política indígena. Es un tema pendiente.
-¿Puede generar un separatismo?
- Hay una situación compleja (...) se debe reconocer la particularidad que tiene el pueblo mapuche y generar nuevas formas de participación y de vinculación, y en eso estamos muy atrasados.
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