Gradualmente, empiezan a conocerse los cambios tributarios que impulsará el gobierno. De hecho, ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reveló que la reforma incluirá un nuevo impuesto que gravará la denominada economía digital, o sea, a plataformas como Uber, Netflix, Airbnb y Spotify. Y, al mismo tiempo, se fortalecerán los mecanismos de control fronterizo para retailers como Amazon y AliExpress, entre otros.
La idea, explicó el personero, es que las citadas empresas tributen con impuesto a la renta en el caso de sus sociedades, y que las transacciones sean gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) -hoy en 19%- o, de manera indirecta, como un impuesto único a la transacción o el sobrecargo al pago realizado mediante tarjeta de crédito.
Hoy compañías como Uber, Netflix y Spotify no tributan en Chile debido a que no poseen un establecimiento permanente en el país. De poseerlo, pagarían impuesto a la renta por sus ganancias e IVA por sus operaciones.
En el caso de empresas de entrega, como AliExpress y Amazon, se buscará fortalecer la regulación aduanera para evitar el menor pago de aranceles a través de la subdeclaración de las mercancías y que se cumplan las obligaciones de pago del IVA. “Sin duda, es bienvenida la innovación y el emprendimiento. Sin embargo, es deber de la autoridad pública asegurar que todos puedan competir en igualdad de condiciones”, recalcó el ministro Larraín.
El secretario de Estado reconoció que “pueden encarecerse en algo” los precios de los servicios prestados por estas plataformas, pero recalcó que “la idea es nivelar la cancha para las Pyme y que puedan competir en igualdad de condiciones” con otras compañías. “Bueno, si le gusta ver series en Netflix, va a tener que pagar el IVA y eso tenemos que ver cómo lo implementamos”, argumentó .
Empresarios festejan
El sector privado celebró el anuncio, lo que constituye un acercamiento entre ambas partes luego de que los privados criticaran la decisión del gobierno de mantener el impuesto corporativo en 27%.
El titular de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, destacó que la posición de los empresarios es muy clara: “Queremos que todas las empresas cumplan con las leyes y aquí hablamos de leyes tributarias que paguen impuestos, leyes laborales, y leyes que como país nos hemos dado”.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, valoró que el Ejecutivo haya “tomado cartas en este asunto”. Y acotó: “Estimamos que las empresas se benefician y afectan la competitividad nacional con estas plataformas que no pagan impuestos”.
El secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Cristián García-Huidobro, también se sumó a los elogios: “Mientras en Chile las empresas cumplen con sus obligaciones tributarias, para las transacciones en línea del comercio transfronterizo no se aplicaba el mismo tratamiento, poniendo en riesgo la competencia en el mercado”.
El gremio estimó un perjuicio fiscal por menor recaudación de aranceles e IVA de unos US$ 200 millones en 2016. “Más relevante aún es que estos montos están creciendo a tasas superiores al 100% anual”, advirtieron.
Mediante un comunicado, Uber reaccionó a la decisión del gobierno, señalando que -en su visión- la compañía cumple con el pago de impuestos en todos los países en los que opera, de acuerdo a las leyes respectivas.
“Chile no es una excepción, y seguiremos cumpliendo con el marco jurídico actual y el que posteriormente sea definido por la autoridad”, afirmaron.
El country manager de Linio.cl, Patricio Mois, calificó como “muy positivo” el anuncio, ya que “pone en igualdad de condiciones impositivas a empresas que venden productos internacionales a clientes chilenos, con empresas que sí tienen operación local y pagan todos los impuestos correspondientes”.
Tributaristas identifican los nudos que debe despejar la autoridad
Los abogados tributaristas celebraron el anuncio del gobierno y ya comienzan a definir fórmulas técnicas para aplicar el nuevo gravamen a las plataformas digitales.
El socio de Recabarren & Asociados, Álvaro Pérez, plantea que el Ejecutivo deberá "aclarar" las hipótesis en que este tipo de plataformas configuran la existencia de un establecimiento permanente en Chile, "lo que en términos prácticos, implicaría cumplir con ciertas obligaciones tributarias, como obtener RUT, llevar contabilidad, y declarar y pagar Impuesto de Primera Categoría en Chile".
El director de Tax Advisory de Puente Sur, Ignacio Gepp, plantea que uno de los "desafíos" del gobierno será compatibilizar el nuevo impuesto con las obligaciones internacionales del país con los 30 tratados para evitar la doble tributación que ha suscrito: "La pregunta es si el gobierno optará por medidas de corto plazo, como impuestos transaccionales, o si se va a atrever con medidas más de largo plazo como crear un establecimiento permanente digital, como en Europa".
Respecto al impacto en precio, Claudio Bustos, socio de Bustos Tax & Legal, señala que siempre está la posibilidad de que las empresas puedan recuperar en el exterior los impuestos que paguen en Chile, "ya sea por aplicación de convenios para evitar la doble imposición o de su legislación interna".
El socio principal de AK Contadores, Patricio Gana, dice que la única forma de hacer "viable" en el corto plazo el nuevo gravamen es aumentar el valor de los servicios o hacer una retención en el país: "Cuando uno pague con tarjeta, los bancos aplicarán el IVA o un valor fijo en ese mismo momento".
Para Cristián González, de Kreston MCA, un punto clave que deberá abordar la legislación -al tratarse de empresas extranjeras- es en qué lugar se prestan los servicios y cuáles son realmente los hechos gravados.
"La gran cantidad de operaciones diarias podría hacer complicado su pago y recaudación. Cualquier normativa deberá ir acompañada por instrucciones y aclaraciones administrativas de parte del SII", explica Eduardo Elgueta, director ejecutivo de Astur.
Mientras que Alejandro Ramírez, socio director de IUS, dice que "se deben analizar todos los casos porque la mayoría de estas empresas de plataforma digitales se ubican en países de paraísos fiscales, entonces ahí se deben ver los convenios aplicables".
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