Las cartas ya están echadas. Los 14 gremios que componen la mesa del sector público que negocia anualmente con el gobierno la cifra de reajuste, pedirá este año un aumento nominal en torno a 10%. La cifra se construye sobre la base de una inflación que en doce meses ya superaría el 5% en octubre, más un incremento real de 5%. La propuesta también considera pedir un reajuste adicional para los empleados públicos de menores ingresos y bonos de término de conflicto, de Navidad, vacaciones, escolaridad y Fiestas Patrias. La propuesta de los gremios se terminará de afinar el lunes en la mañana y ese mismo día esperan llevar el petitorio a los ministerios de Hacienda y de Trabajo. La demanda también estará vinculada con protocolos de estabilidad laboral, trabajo decente, carrera funcionaria, y asignaciones por zonas extremas, entre otros. Sin embargo, este año los gremios llagarán a la negociación con el Ejecutivo con diferencias en torno a la negociación colectiva con derecho a huelga en el sector público. Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) son partidarios de reglar el proceso de negociación de reajuste bajo los mismos términos que operan en la actualidad. El presidente de la Confusam, Esteban Maturana, en tanto, se mostró a favor de impulsar una negociación por sectores, mientras que otras organizaciones que agrupan a trabajadores que reciben menores ingresos estiman que un procedimiento reglado los homologaría al régimen del Código del Trabajo, que es el que rige al sector privado. Trascendió que el gobierno impulsará el derecho a huelga en el aparato estatal en un proyecto de ley que iría al Congreso el próximo año.
Costo fiscal
El año pasado, la mesa del sector público acordó con el gobierno un reajuste nominal de 5%, el cual tuvo un costo fiscal que se situó en torno a los US$ 2.000 millones. Para el economista senior de BBVA Research, Hermann González, si toma en cuenta ese costo el reajuste de 10% que hoy piden las organizaciones de trabajadores conllevaría un gasto permanente de US$ 4.000 millones. "Si uno lo lleva a la cifra del 10%, podríamos hablar de un costo de US$ 4.000 millones, para ponerlo en perspectiva se puede comparar con la recaudación de la reforma tributaria que en régimen asciende a US$ 8.300 millones en régimen", dijo el experto. González agregó que la cifra viene a competir con otras prioridades que tiene el gobierno en términos de educación, salud, obras públicas, entre otros sectores, "que debe cumplir con recursos que siempre son escasos", dijo. Para no afectar los equilibrios económicos-fiscales y no mandar una mala señal al mercado laboral que toma como referente este guarismo, el economista planteó que el reajuste debería situarse entre 5% y 6% este año. Las remuneraciones del sector fiscal son fijadas por ley y deben empezar a regir desde el 1 de diciembre.
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