El pleno de la Corte Suprema analizó el contenido del proyecto del Gobierno que sanciona las conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población, conocido como proyecto para sancionar "incivilidades", determinando una serie de observaciones al texto presentado por el Ejecutivo.
El informe que fue remitido al presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, José Miguel Insulza, y señala que "en primer lugar, respecto a los objetivos del proyecto, se estima que estos parecen no resultar totalmente concluyentes para fundar una propuesta de esta entidad".
Agregan que "en efecto, las cifras mencionadas en el mensaje que acompaña la iniciativa no coincidirían con las publicadas en la propia fuente citada. Asimismo, la teoría criminológica que le sirve de inspiración ha sido objeto de varias críticas, dado el espacio que podría abrir a la discriminación, la xenofobia y el abuso policial", sostiene el informe.
El oficio también indica que "en cuanto a las disposiciones consultadas, en particular las relativas a modificaciones a la ley N° 19.925, sobre expendio de bebidas alcohólicas, éstas se refieren principalmente al traspaso de determinadas conductas desde el régimen infraccional al régimen penal. En este aspecto, las modificaciones no parecen ser precisas, toda vez que no logran conciliar su contenido con la aplicación de las normas reguladas en el Código Procesal Penal, en especial las que dicen relación con el procedimiento monitorio".
Asimismo, afirma el oficio que "parecieran no considerar criterios de proporcionalidad y conveniencia al establecer el traspaso de una regulación a otra. Por último, se cuestiona su intromisión en la regulación del régimen de copropiedad inmobiliaria, caracterizado por el principio de autonomía de la voluntad, estimándose que la regulación, en este sentido, podría desnaturalizar dicho régimen y resultaría, de todas formas, innecesaria".
Contenido del proyecto
El pasado 12 de julio el Presidente, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de ley que sanciona las conductas antisociales que afectan la convivencia ciudadana y que aumentan la sensación de inseguridad en la población señalando que se busca establecer una "tolerancia cero" a este tipo de comportamientos.
La iniciativa establece una serie de modificaciones legales a todas aquellas situaciones que van en desmedro del buen uso de los espacios públicos, es así como se perseguirá el rayado no autorizado en bienes muebles o inmuebles, la acumulación de basura sin autorización, el consumo de alcohol en la vía pública o en zonas comunes de inmuebles, al expendio clandestino de alcohol, junto a sanciones para locatarios que permitan o toleren expendio clandestino, entre otras conductas.
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