La segunda sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara que analiza el proyecto de reforma tributaria estuvo marcada por las dudas de los parlamentarios opositores en torno a la recaudación de la boleta electrónica, la que –acorde al informe financiero de la Dirección de Presupuestos- recaudará en régimen más de US$ 1.100 millones, siendo el principal mecanismo de compensación de la baja de recursos que implica la integración del sistema.
En la cita, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo frente a las críticas, principalmente de los diputados Giorgio Jackson (RD) y Daniel Núñez (PC).
El primero manifestó sus dudas respecto a los supuestos de recaudación de la propuesta, señalando que no se sustentaba replicar la experiencia de la factura electrónica, que recaudó más de US$ 1.000 millones desde su puesta en marcha.
Mientras que Núñez cuestionó que no se modifique la estructura de recaudación del sistema tributario, ya que -en su visión- la boleta recaudaría recursos centrados en las personas de menores ingresos y no de las más ricas de la población.
El ministro Larraín, quien participó también ayer en Valparaíso en el trámite de la Bolsa de Productos, Consejo Fiscal Asesor y Ley General de Bancos, reveló en la sesión que la recaudación no recae solo en el mayor IVA declarado por los emisores, sino que también en los impuestos a la renta por los ingresos reconocidos por los vendedores.
En concreto, señaló que un 40% de la obtenido en régimen se explica por menor evasión del IVA, mientras que el 60% adicional a mayores impuestos a la renta declarados. “Tenemos que avanzar en reducir la evasión del IVA, que hoy está en cerca del 20%. Los países de la OCDE tienen en promedio un tasa del 10%. Tenemos que formalizar, ya que quien no emite una boleta está recaudando en beneficio propio”, señaló.
El ministro de Hacienda reiteró que quienes ya sean facturadores electrónicos tendrán una gradualidad de tres meses para adecuarse a la emisión de la boleta digital, mientras que para el resto de los comercios la transición será de alrededor de un año.
La emisión del documento digital se realizará a través de una aplicación que le proporcionará el Servicio de Impuestos Internos (SII) a los emisores.
La sesión de ayer fue interrumpida en varias oportunidades por consultas de legisladores, centrándose en los contribuyentes beneficiados por el régimen de la Cláusula PYME, el detalle del avenimiento de las causas judiciales pendientes y los alcances de las modificaciones a la norma antielusión.
Calendario de audiencias
La comisión, junto con remitirle al ministro Larraín un cuestionario con dudas respecto a varios puntos sobre la recaudación de la reforma, comienza a definir sus primeros invitados para las audiencias.
Una solicitud que sorprendió fue la de un grupo transversal de diputados, entre los que se contaban el independiente exPPD Pepe Auth, el socialista Marcelo Schilling y el DC José Miguel Ortiz, para invitar a exponer al exministro de Hacienda del gobierno anterior, Alberto Arenas.
El economista estuvo a cargo del trámite legislativo de la primera reforma tributaria de la administración Bachelet en 2014 y abandonó el cargo en mayo de 2015.
Otros de los convocados que considera la solicitud son el sucesor de Arenas en el cargo, Rodrigo Valdés, el exsubsecretario de la cartera Alejandro Micco, y expertos de la oposición como los economistas Andrea Repetto y Eduardo Engel, y el exdirector del SII Michel Jorratt, entre otros.
Adicionalmente, ya está definida la asistencia de asociaciones empresariales como la Sofofa y la Conapyme, además de las agrupaciones de funcionarios de Tesorería y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. También solicitaron audiencia ChileAlimentos; el extesorero general de la República, Hernán Frigolett; y los economistas de Evópoli, Pablo Correa, Klaus Schmidt Hebbel e Ignacio Briones.
Los miembros de la comisión analizaron la posibilidad de retomar las audiencias a partir del lunes 22 de octubre, una vez que concluya el trabajo de las cinco subcomisiones de Presupuesto.
Capitales chilenos en el exterior serían unos US$ 10.000 millones
Una de las principales dudas de la oposición a la hora de analizar el informe financiero de la reforma tributaria apuntó a la base para calcular los más de US$ 1.000 millones que se recaudarán a través del mecanismo de registro de capitales, que se implementará durante un año y a una tasa especial de 10%.
La propuesta considera que se podrán declarar toda clase de activos que no han sido reconocidos ni tributados y que se encuentren fuera del país, como acciones, divisas y bienes inmuebles. Y la tasa es mayor al 8% que se cobró en la anterior ventana establecida en la reforma de 2014.
El ministro Larraín reveló que durante el proceso anterior, en que se recaudaron más de US$ 1.600 millones, se tomó como base que alrededor de US$ 20.000 millones en activos en el exterior fueron declarados. Esta vez, se asume que los capitales pendientes de declaración y tributación representan la mitad, unos US$ 10.000 millones. Al aplicarle la tasa de 10%, se generan los más de US$ 1.000 millones que proyecta el informe financiero.
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