Ambos proyectos frente a frente

El anuncio hecho ayer por el presidente Piñera comienza paulatinamente a poner fin a la Ley 13.196, más conocida como Ley Reservada del Cobre, cuya promulgación, en noviembre de 1958, buscó asegurar a las FF.AA. una fuente de financiamiento de su equipamiento bélico que no estuviese amarrada a la inestabilidad de la política nacional y a las subjetivas percepciones de las autoridades de la época.

Su primera gran transformación la experimentó a fines de 1973, cuando se cambió la base del impuesto, que pasó a ser el ingreso por ventas al exterior de cobre de Codelco y se disminuyó su tasa a 10%. La segunda modificación fue en 1986 e implicó, básicamente, el incremento al doble del piso y la indexación al IPM de EEUU. Quizás la mayor diferencia entre la Ley Reservada y el nuevo sistema de financiamiento sugerido por el gobierno -aparte del presupuesto plurianual de cuatro años anunciado-, sea la transparencia en los gastos.

Mientras que en la ley 13.196 los recursos no estaban incorporados en el presupuesto fiscal anual para las instituciones castrences, y hasta 2003 era imposible obtener información del nivel de gasto que se adjudicaba a esos recursos, en el renovado plan presentando por el mandatario existen mecanismos que obligan a informar a la Contraloría, e incluso, por medio de un sistema anual, el ministro de Defensa va a informar a las comisiones de Defensa tanto de la Cámara como del Senado, sobre el uso de estos recursos.