Por R. Carrasco / J.C. Prado /
P. Ojeda
Un fuerte énfasis en el control de la elusión tendrá el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno al Congreso.
De hecho, son fácilmente identificables varias medidas en esa línea, como los perfeccionamientos a los retiros en exceso, los gastos rechazados, los precios de transferencia, la renta presunta, las modificaciones a las normas de tasación y corrección a normas sobre exceso de endeudamiento.
De acuerdo a los cálculos que se desglosan del informe presupuestario desarrollado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), sólo las medidas de elusión para el perfeccionamiento del sistema tributario equivalen a US$ 981 millones a 2017, lo que representa un 87% del total a recaudar por las medidas de perfeccionamiento al sistema.
Sólo la mayor recaudación por los cambios a retiros en exceso y gastos rechazados significarán el 70% de los ingresos adicionales a ese año ya que la corrección a estos vacíos legales sumará US$ 1.128 millones.
Para expertos tributaristas, el proyecto tiene interesantes alcances, debido a que moderniza varios aspectos del sistema sin cambiar los pilares fundamentales que lo rigen y se hace cargo de diversas materias relacionadas con la elusión.
Alexander Letonja, socio de Cabello, Letonja & Cía abogados, afirma que el proyecto “va en la dirección correcta de las experiencias internacionales, porque aumenta a las empresas y disminuye a las personas, proporcionalmente según sus ingresos”.
Agrega que el cambio si bien “no es estructural al sistema tributario chileno, incentiva conductas y alivia clase media, sin dejar de lado los pilares sobre fomento a la inversión y ahorro”.
El abogado destaca que “se han reformulado una serie de normas que daban lugar a que el contribuyente pudiera arbitrar tributariamente. Esto provocaba que el elemento tributario fuera base de las decisiones financieras y comerciales, lo cual distorsiona el mercado” y añade que “son relevantes los cambios respecto a los retiros en exceso, gastos rechazados, determinación del costo de derechos sociales o acciones y que se haya equiparado el sistema tributario aplicable a la ganancia de capital. Todas estas diferencias provocaban que un contribuyente decidiera ser sociedad anónima o sociedad de personas sólo por la variable tributaria”.
En cuanto a los gastos rechazados valora que “la nueva normativa contempla que el gasto rechazado significa un 55% de impuesto, toda vez que no se acepta el gasto en la empresa y que el beneficiario tiene que pagar un impuesto sanción de 35%. Si bien desincentiva la conducta, le entrega un desafío a la autoridad tributaria para aplicar el castigo cuando corresponda. Esto es cuando haya un retiro encubierto de utilidades”.
En cuanto al exceso de endeudamiento, el ministro de Hacienda destacó que el proyecto de ley presentado al Congreso incluye normas de consolidación para el cálculo del endeudamiento y amplía el concepto de relación, modificando de esta forma la Ley de Evasión de 2001 que creó una norma que sanciona el exceso de endeudamiento pero que no contenía normas de consolidación, porque los que es posible constituir varias sociedades en cascada a las cuales se les hacen aportes sucesivos de capital con el flujo que reciben como deuda.
Al respecto, Letonja afirma que “los cambios a las normas sobre exceso de endeudamiento son claves, porque si bien permiten continuar con las sociedades cascada, ahora el SII va a mirar el grupo completo para sacar la relación 3 a 1 y definir el cobro de tasa de 4% o 35%”.
En esa línea destaca las iniciativas de goodwill y badwill las que, a su juicio, “regulan y dan certeza a las normas que existen actualmente”. Algo similar plantea sobre la renta presunta, dado que “mantiene y regula el beneficio y además se hace cargo de un vacío legal”.
A su vez, Francisco Lyon, socio líder Tax de KPMG, afirma que “acá no se están modificando los pilares fundamentales del sistema, se está incorporando una serie de mejoras al mismo, que hace que este sistema sea más justo, eso se va a traducir en una mejor recaudación”.
En ese sentido, valora los cambios que se introducen en la conformación del modelo de negocio. “La planificación tributaria no es otra cosa que, en el contexto de la economía de opción que tienen los contribuyentes, adoptar los caminos más óptimos dentro del apego estricto de la ley para organizar los negocios. Si ese apego estricto produce una optimización es legítimo, (pero) este proyecto busca establecer un sistema más justo, que de alguna manera limita la planificación para aquellos aspectos puntuales”.
Lyon agrega que “en los retiros en exceso o la diferencia del costo tributario de las sociedades anónimas versus las sociedades de personas, eso llevaba a que legítimamente los contribuyentes optaran por organizar sus negocios a través de una u otra, muchas veces en estricta consideración a una variable impositiva y hacía que los contribuyentes modificaran sus sociedades en el tiempo para ajustarse convenientemente a la estructura que más le favoreciera, lo cual es muy legítimo. El punto es otro, es qué justifica que mi sistema tributario sea tan formalista, que por el mero hecho de cambiar el ropaje jurídico, se tenga o no un beneficio importante en materia impositiva y a eso apunta ese proyecto. Desde esa perspectiva simplifica el sistema lo hace más racional”.
Informe financiero del proyecto
En tanto, el informe financiero de la reforma tributaria proyecta un efecto global de recaudación fiscal de US$ 4.697 millones entre este año y el 2017. Dicha cifra muestra que el año 2013 será el de mayor impacto con una recaudación estimada en US$ 1.149 millones.
Esto estará impulsado principalmente por el impuesto de primera categoría que para ese ejercicio proyecta ingresos al fisco por
US$ 1.796 millones, lo que sumado a los perfeccionamientos al sistema tributario, el impuesto a los licores y los impuestos verdes, totalizarán un aumento en la recaudación de US$ 2.174 millones, a lo que se debe descontar la disminución en la recaudación por US$ 1.008 millones -debido a las rebajas de arancel y la eliminación del impuesto de timbres y estampillas, entre otras- y el gasto por el bono a los transportistas, que se estima en US$ 18 millones y que se repetirá también en 2013.
De acuerdo a los cálculos que estableció la Dipres, el efecto global en la recaudación fiscal para este y los próximo años es el siguiente: en 2012 se proyectan US$ 5 millones, en 2013 los ya mencionados
US$ 1.149 millones, en 2014 el monto alcanzará a US$ 1.003 millones, en 2015 esa cifra descenderá a US$ 708 millones, en 2016 la cifra ascenderá a US$ 843 millones y finalmente en 2017, proyecta recaudar US$ 989 millones. Con esto, la recaudación de la reforma tributaria equivale a un ingreso promedio anual de
US$ 783 millones.
En el caso del perfeccionamiento al sistema tributario, la recaudación va desde US$ 6 millones este año, US$ 154 millones en 2013, y da un salto potente a US$ 952 millones en 2014, US$ 1.024 millones en 2015, US$ 1.075 en 2016 y termina en US$ 1.128 en 2017.
La principal fuente de recursos en este ítem son los retiros en exceso, seguido por las modificaciones a los gastos rechazados, los precios de transferencias y los pagos provisionales por utilidades absorbidas.
Otra herramienta importante de recaudación serán los impuestos verdes, que en total recaudarán
US$ 262 millones en 2017, partiendo con un ingreso a las arcas fiscales recién en 2013 con US$ 214 millones.
Menores ingresos
En tanto, las disminuciones de recaudación a nivel anual comienzan este año con una tímida cifra de US$ 179 millones y cerrarán en 2017 con US$ 1.772 millones, principalmente influido por la baja en el ingreso por impuesto de segunda categoría, seguido por el recorte de timbres y estampillas y la rebaja de aranceles.
En total, en los seis años de implantación de la reforma tributaria la recaudación por estas modificaciones disminuirá en US$ 7.876 millones y la recaudación aumentará en US$ 12.607, lo que genera un neto de recaudación de US$ 4.731 millones.
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