Por largas horas y hasta último minuto de ayer en la noche, en el Ministerio de Educación estuvieron analizando algunas de las propuestas presentadas por los diputados de la Nueva Mayoría miembros de la Comisión de Educación, al proyecto clave del área que hoy comienza su votación en particular en esa instancia legislativa.
La indicación más polémica, es la que plantea sancionar con pena de cárcel el lucro en la educación, modificación que fue iniciativa del PS y apoyada por el resto de los diputados oficialistas. Esa indicación establece un castigo con presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años), así también como la inhabilitación para administrar nuevamente un establecimiento educacional.
Pese a que los diputados DC Mario Venegas y Yasna Provoste no firmaron esta indicación, sí señalaron estar de acuerdo con ella cuando se trate de una “conducta reiterada”. En el tema, el Mineduc revisa las sanciones que establece la Ley respecto de delitos similares, como la malversación de fondos, entre otros, para evaluar cómo tipificar el lucro con recursos públicos en el caso de la educación.
El proyecto original, sin embargo, sólo estipulaba multas al colegio -que podían ser, incluso, pagadas con la misma subvención escolar- en castigo por burlar la prohibición de lucro.
Suma urgencia
Esta es sólo una de las cerca de 200 indicaciones que suman las presentadas por los parlamentarios oficialistas y de la Alianza, más las 24 que propuso el Ejecutivo. Por eso es que, tras la decisión del gobierno de otorgar suma urgencia a la tramitación del proyecto, los parlamentarios de la instancia acordaron celebrar sesiones extraordinarias para terminar en los 15 días de plazo la votación de artículo por artículo, antes de que pase a la Comisión de Hacienda de la Cámara.
La decisión del Ejecutivo es acorde a su preocupación por acelerar el tranco en el trámite de la reforma y que este proyecto pueda ser incorporado en la glosa presupuestaria de educación para el próximo año, discusión que comienza en octubre. Los parlamentarios oficialistas, además, se mostraron de acuerdo con el plazo fijado, ya que, según han manifestado, en la oposición algunos pretenden demorar el trámite y alargar la discusión y con ello, retrasar la implementación de la reforma que, por lo demás, aún le queda una seguidilla de proyectos comprometidos por el gobierno.
Sin embargo, lo cierto es que dentro de la Nueva Mayoría aún subsisten diferencias respecto de ciertas materias, como la fórmula para terminar con el lucro y el proceso de admisión para prohibir la selección académica. Respecto a ello, el presidente de la Comisión en la Cámara, Mario Venegas (DC), afirmó que “existen aspectos muy puntuales que provocan conflicto entre nosotros, pero estoy confiado en que lograremos acuerdo”.
Por otra parte, la implementación que promueven las indicaciones del Ejecutivo para el término del copago, cuenta con la aprobación de todos los parlamentarios del oficialismo.
En el Senado, en tanto, esperan contar con dos meses para el debate de la iniciativa luego de que ésta sea despachada desde la Cámara Baja.
Y pese a que el ministro del área, Nicolás Eyzaguirre, solicitó, la semana pasada, que en segundo trámite se ratifiquen los cambios que hagan los diputados para evitar una comisión mixta, el presidente de la instancia en el Senado, Fulvio Rossi (PS), afirmó que, aunque es partidario de un rápido despacho del proyecto, “no hay ninguna posibilidad” de que la comisión que preside no presente sus propias indicaciones o deje pasar temas que no vayan en la línea de lo comprometido inicialmente.
De hecho, señaló que él introducirá modificaciones en materia de inclusión y que pondrá resistencia en caso de que la admisión de estudiantes en los colegios se realice en cada establecimiento, ya que, según dijo, esa fórmula -contenida en una de las indicaciones del Ejecutivo-, no evitaría la discriminación en el proceso.
las indicaciones que se comienzan a votar hoy
El Ejecutivo presentó 24 modificaciones a su proyecto, además de las otras 180, aproximadamente, planteadas por los parlamentarios de la comisión del área.
En cuanto al punto que prohíbe la selección en los colegios, el Mineduc permite una vía de admisión decentralizada, es decir, que las familias recurran al colegio directamente, en reemplazo del sistema centralizado administrado que establece el proyecto.
Respecto de las fórmulas para poner fin del lucro, se mantiene la exigencia de que, en régimen, los sostenedores sean propietarios de los inmuebles en que funciona el establecimiento, pero permite el arriendo de esa infraestructura mientras el sostenedor no sea el dueño. En tanto, se estipula que el Estado sólo compraría el colegio en aquellos casos en que el sostenedor no quiera seguir en el sistema educativo.
En las indicaciones se hace la distinción entre los establecimientos constituidos en sociedades relacionadas y los que no. A los primeros se les obliga a comprar el inmueble en un plazo de 25 años, equivalente al 11% del avalúo fiscal, alargándose así los 12 años que establece el proyecto original. Y en el caso de que la infraestructura sea de un tercero no relacionado o un relacionado sin fines de lucro (como ocurre con los colegios que pertenecen a la Iglesia y que representan al 17% de la matrícula), se permite el arriendo a un precio regulado.
Por último, en cuanto al fin del copago, las indicaciones establecen un plazo indefinido para que el Estado pueda reemplazar peso a peso lo que hoy aportan las familias. Ello, junto con un aumento del 20% el monto actual de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
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