Evitar que las pensiones de los afiliados se vean perjudicadas por las malas prácticas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es uno de los ejes del proyecto presentado por los senadores Carlos Bianchi (independiente), Eduardo Frei (DC), Antonio Horvath (RN), Andrés Zaldívar (DC) y Eugenio Tuma (PPD) y que fue derivado  a la Comisión de Trabajo para su estudio.

La iniciativa modifica la legislación vigente en materia de responsabilidad en la administración de las fondos y plantea que "toda pérdida irrogada al patrimonio de un fondo como consecuencia de una infracción al Decreto Ley 3.500 y/o a las normas que imparta la Superintendencia o por una administración negligente del fondo en los términos del articulo 147, dará derecho a un afiliado o grupo de afiliados que representen, a lo menos, un 2% de los afiliados al Fondo respectivo, a demandar la indemnización de perjuicios a quien correspondiere, en nombre y beneficio del Fondo".

Según explican los autores "tras el estallido del caso La Polar comprobamos que existen serios riesgos y malas prácticas en las AFP, quedando los afiliados en total desamparo".

Es por esto que con el nuevo texto legal, éstas entidades "estarán obligadas a tener un mayor cuidado en el manejo de los fondos porque ante un descuido, infracción o negligencia estarán ahora obligados a responder".

Asimismo, el senador Bianchi precisó que "el problema es que las AFP son las que están resguardadas y no los trabajadores; pues bien, este proyecto viene a dar vuelta las cosas".

Agregó que el proyecto obliga a las administradoras "a tener el máximo cuidado posible en la administración de los fondos para exigir total atención, dentro de sus capacidades, por lo que no pueden excusarse en haber hecho -sólo- lo suficiente".

Otro aspecto fundamental de la iniciativa es que disminuye el porcentaje de los accionistas para que puedan demandar. "Con esto se da mayor garantías y proponemos que sea el 2% del total de los accionistas -y ya no el 5% que hoy contempla la ley- los que puedan demandar la indemnización de perjuicios a quien correspondiere", explicó el senador independiente.

"La experiencia reciente ha demostrado que nunca son suficientes los resguardos y es tarea nuestra disponer de la mejor manera posible de las garantías para proteger a miles de personas que no tienen más opción que entregar sus ahorros confiando que estos serán gestionados sabiamente para el día de mañana contar con una vejez digna", señalaron los parlamentarios.