Cuando cada vez es menos viable que la Comisión de Trabajo del Senado vote en mayo la reforma de pensiones, la polémica por el spot del Gobierno que promueve la iniciativa ha seguido escalando. Mientras la ministra Jeannette Jara ha defendido el comercial, la oposición cumplió su amenaza de concurrir a la Contraloría General de la República para que se pronuncie al respecto.
Poco antes de las 11:00 de la mañana de este miércoles, un grupo de diputados de Chile Vamos –Frank Sauerbaum (RN), Jorge Guzmán (Evópoli) y los UDI Juan Antonio Coloma, Cristián Labbé y Eduardo Cornejo- llegó hasta las dependencias de la Contraloría, donde ingresaron un documento de diez carillas en el que argumentan en contra de la publicidad del Gobierno.
En concreto, los legisladores de oposición piden a la contralora (s), Dorothy Pérez, que “fiscalice y vele por la preeminencia del principio de legalidad y probidad administrativa en toda función o cargo público, y requiera la información necesaria tanto de la ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Jeannette Jara Román; del subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes Barrientos y demás personas que estime conveniente”.
Ello para determinar la existencia de “eventuales faltas a la probidad administrativa” y en el caso de existir, “disponiendo los procesos disciplinarios que con ocasión de lo resuelto pudieren proceder, aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la Administración Pública”.
Todo, debido a una serie de argumentos entre los cuales los diputados destacan el hecho de que “en la dramatización del video se minimiza la posición de las oposición, se simplifica el debate de manera tendenciosa y se desvirtúa el proyecto de ley con una vinculación a la Pensión Garantizada Universal, política pública vigente con la publicación de la ley No 21.419”.
Además, plantean que el material audiovisual “fue elaborado mediando un desembolso por parte de la Subsecretaría de Previsión Social, y en él se realiza una difusión tendenciosa y favorable a la posición del Gobierno de una iniciativa que se encuentra en pleno trámite legislativo, más específicamente en su segundo trámite constitucional en el Senado. Concretamente, el contrato impone a la administración un pago de $ 430 millones, suma que puede aumentarse hasta en un 30% a requerimiento de la contraparte técnica”.
En este sentido, aluden a la Ley 19.896 sobre Administración Financiera del Estado, citando el artículo 3° que establece que “los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan”.
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