Esta jornada de jueves fue despachado al Senado el Mensaje ingresado el pasado 30 de diciembre por el Ejecutivo y que modifica la ley N°21.419, que crea la Pensión Garantizada Universal, que en la actualidad se tramita con discusión inmediata (seis días en cada Cámara), por lo que la Cámara Alta debería hacer su labor, idealmente, la próxima semana para que la iniciativa sea despachada a ley.
La propuesta que aprobó la Cámara en general y particular de manera casi unánime -131 votos a favor y una abstención- permitirá aumentar en unos 70 mil los nuevos beneficiarios de la PGU.
En este sentido, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, que participó en la sesión de votación de la Sala de la Cámara, en compañía del subsecretario de Previsión Social Christian Larraín, junto con agradecer el respaldo a la medida volvió a explicar que este proyecto cambia la forma de determinar el universo de los beneficiarios de esta política pública del 70% al 90%.
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De hecho, el proyecto propone “extender el universo de focalización de la PGU desde el subgrupo de la población de 65 años o más a toda la población del país”, con lo que el umbral de corte serpa más alto y permitirá que más adultos mayores se beneficien con la PGU, corrigiendo los errores de la metodología anterior que dejaron fuera a muchos eventuales favorecidos con esta política.
Por otro lado, la iniciativa regula que el Instituto de Previsión Social verificará de oficio el cumplimiento de los requisitos de quienes habiendo postulado no accedieron a la PGU o de quienes no postularon pese a que podrían tener derecho al beneficio.
La fluidez del debate no significa, sin embargo, que no haya habido debate, puesto que un grupo de diputados de RN –Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Frankl Sauerbaum- más la diputada independiente Pamela Jiles insistieron en reingresar en Sala una indicación que establecía que a las mujeres se les comenzaría a pagar la PGU desde los 60 años, que es la edad oficial de jubilación para ellas, y no desde los 65 que es la edad a la que jubilan los hombres. En la Sala se votó su admisibilidad y fue rechaza.
Tras la votación, la titular de Trabajo detalló que se espera que con esta ley en régimen se incorporen 76 mil nuevos beneficiarios con un gasto fiscal de alrededor de $ 147.000 millones, en un proceso en que el Gobierno quiere llegar a la universalidad. Y se hizo cargo de la polémica por la citada indicación, asegurando que la aplicación de esa medida significaría un financiamiento público de alrededor de US$ 1.300 millones y que “generar expectativas sin fuentes de financiamiento, sin duda es solo populismo”.
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