Después de casi 24 horas de que empezara a correr la versión acerca de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast retiraría de tramitación la polémica reforma de seguridad -que no avanza desde su ingreso al Senado por no encontrar respaldo unánime en su propio sector, además del rechazo opositor-, aún no está claro si el Ejecutivo, efectivamente, sacará del Congreso su propuesta para buscar acuerdos; o si intenta lograr acercamientos con un sector de la oposición para asegurar sus votos, antes de retirar la reforma de tramitación.
Por lo pronto, parlamentarios del oficialismo aseguran que el gobierno y, particularmente, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, estaría convencido de retirar la reforma de tramitación, si es que es la manera de generar acercamientos con la oposición y elaborar una nueva iniciativa que cuente con un respaldo generalizado.
Sin embargo, pese al optimismo en algunos sectores, todo indica que sólo se conocerá la postura oficial del gobierno tras la cita que tiene concertada el Presidente Kast con los presidentes de las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara y del Senado para este miércoles 30, desde las 7:30 horas, según lo indicó. el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, senador Karim Bianchi.
De hecho, el parlamentario -quien siempre ha sido contrario a la vía constitucional en seguridad- especuló que de esa reunión “va a salir la respuesta del camino que vamos a tomar. Cuál va a ser la agenda en seguridad. Yo tengo claro qué es más fácil sacar y creo que hay que partir por ahí”. Para Bianchi el camino constitucional no es una “necesidad inmediata” y está convencido de que si el mandatario se allana a retirar la reforma “para buscar los “votos". En cambio, este miércoles espera profundizar con el jefe de Estado en la necesidad de terminar con la puerta giratoria de los delincuentes, aumentando el catálogo de delitos; y, por sobre todo, el financiamiento de la reforma de seguridad, en el marco del pronto inicio de la tramitación del Presupuesto 2027.
No obstante, la oposición no está más coordinada que el oficialismo., aunque sí se descartan rumores originados en fuentes de gobierno y que hablan de un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición para retirar la reforma de seguridad a cambio de que el sector entregue los votos para reactivar la reforma sobre expulsión administrativa de migrantes, que requiere de los dos tercios de los senadores para que reinicie su trámite por la Cámara Alta, tras su rechazo en la Cámara de Diputados.
“Obviamente” el gobierno debe retirar la reforma
Fue el senador socialista e integrante de la Comisión de Seguridad Juan Luis Castro quien salió al paso de estas versiones, afirmando que “el Socialismo Democrático no ha concurrido a acuerdo alguno, con el Ejecutivo, respecto de, eventualmente, transar la caída de la reforma constitucional de seguridad a cambio de dar votos para resucitar la reforma constitucional de expulsión administrativa de migrantes”. Y subrayó que llegar a la instancia en que se debate acerca del retiro del proyecto del gobierno sólo se debe “al fracaso de una iniciativa que hace siete semanas fue enviada al Congreso, por el ministro Arrau, y que claramente no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir”.
Castro no descartó que pueda haber negociaciones en torno al tema de la reforma sobre expulsión de migrantes en algún momento, pero fue enfático en que “no ha ocurrido, no ha sucedido”.
El senador socialista también descartó que haya algún grado de acuerdo en una especie de transferencia de una reforma constitucional de seguridad a otra, en el contexto de que los senadores Arturo Squella (PR) y Andrés Longton (RN) han sostenido que están trabajando en una propuesta nueva que contempla un proyecto presentado por la presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, lo que implicaría que al menos una parte de la oposición estaría dispuesta a apoyarla.
“La que presentó Vodanovic, que yo también suscribí, es de hace mucho tiempo -antes que asumiera el gobierno- y poco tiene que ver con el escenario de hoy. El esfuerzo de Squella y Longton es más bien de darle una tabla de flotación a la caída de la reforma de seguridad, que desde el punto de vista de Castro tampoco prosperó", por lo que, si bien señaló que el sector tiene disposición a conversar, “pero eso no ha ocurrido”.
Y, adicionalmente, aclaró que “el senador (Pedro) Araya (PPD), si es que ha conversado lo hace por sí mismo, no por el Socialismo Democrático”, aludiendo a la información que planteaba que Araya coordinaría las conversaciones entre la oposición y el oficialismo. De hecho, el senador opositor fue enfático que “obviamente” el gobierno debe retirar la reforma constitucional antes de que se inicien las conversaciones en torno a algún acuerdo.
Vodanovic, en tanto, pidió al gobierno que le ponga urgencia a su proyecto, que promueven Squella y Longton, como a otros -dijo- que ha presentado en la misma línea, ya que el gobierno en la actualidad “tiene todas las herramientas hoy para decretar Estado de Excepción constitucional si lo estima, en ciertos barrios” y no requiere una reforma constitucional para ello, sólo se necesita, recalcó, “voluntad política”.
“No hay acuerdo en la oposición”
Por su parte, el propio Araya compartió la postura de Castro en cuanto a que no existe un acuerdo respecto a trazar el retiro de la reforma de seguridad a cambios de los votos de la oposición para reactivar la reforma de expulsión administrativa, simplemente, porque “van por carrieles diferentes”.
Respecto de la propuesta en que está trabajando con Squella y Longton para elaborar una nueva reforma de seguridad, Araya explicó que “en lo que hemos ido avanzando, primero, es en establecer que el crimen organizado va a tener un tratamiento similar al del terrorismo, en orden a entender como declaración de principios, que atenta contra las bases de la institucionalidad y la convivencia democrática”; además, se entregará a Gendarmería un marco para que, a través de una ley, regule los distintos sistemas penitenciarios para que permitan segregar a la población penal; y, una actualización del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, en el que se harán “algunas precisiones conceptuales para que no quede ninguna duda de que puede ser invocado por casos de seguridad pública”.
El senador, quien preside la Comisión de Constitución, explicó también que la idea es que en la elaboración de la nueva propuesta trabajen todos los integrantes de la instancia que encabeza, porque si se llega a un acuerdo, el proyecto se debería firmar “transversalmente por los cinco integrantes, si eso no se logra, lo firmarán los que adhieran”, enfatizó. Y aunque el retiro de la reforma por parte del gobierno “no es condicionante” para Araya, “pero sí entendemos que sería un gesto de buena voluntad del gobierno. Para avanzar en una discusión seria de reforma constitucional, implica retirar un proyecto que es muy malo técnicamente no tiene respaldo ni siquiera en el oficialismo”.
Adicionalmente, Araya admitió que, “efectivamente, no hay un acuerdo formal de la oposición en esta materia, porque vamos a tener miradas distintas”.
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