En una semana con una agenda recargada de trabajo, la Cámara y el Senado avanzaron en algunos proyectos sobre seguridad, a partir del atentando en Cañete que dejó a tres carabineros muertos el pasado sábado 27 de abril. Si las iniciativas tramitadas es estos días tienen oportunidad de seguir avanzando con la celeridad que se les impuso a raíz de la contingencia, está por verse. En cualquier caso, mientras el Senado despachó a segundo trámite la nueva Ley Antiterrorista, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana, en la Cámara de Diputados, hizo lo propio con el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza (RUF) que pasó a Sala a última hora de ayer jueves.
De acuerdo a este timing, el proyecto sería votado esta tarde por la Sala, que fue convocada para las 16:00 horas y hasta las 19:00 horas, aunque no se descarta que la sesión se prolongue más allá de la hora fijada. De ser aprobada, pasará a segundo trámite al Senado.
El proyecto que establece las normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y de las Fuerzas Armadas, supone una serie de cambios para facilitar y proteger el trabajo de estos organismos, estableciendo, entre otras cosas, etapas para el uso de la fuerza.
Sin embargo, el aspecto que produjo más debate hacia el final de la votación, fue una indicación presentada por la oposición que le devuelve a la Justicia Militar la jurisdicción de juzgar a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros imputados por delitos cometidos en el marco de cuatro escenarios específicos: los estados de excepción constitucional; la protección de la infraestructura crítica; el resguardo de zonas fronterizas y el resguardo de actos electorales y plebiscitarios.
El oficialismo y el Ejecutivo, que se oponían a este cambio, argumentaron que la norma no era parte de las ideas matrices del proyecto; con todo, se votó la admisibilidad y la oposición impuso su visión. No obstante, la ministra del Interior, Carolina Tohá –presente en el debate- hizo reserva de constitucionalidad a raíz del argumento expuesto.
Diferencias
Tras el despacho del proyecto a Sala, el diputado socialista Raúl Leiva, sin estar de acuerdo con la norma que generó tanto debate, señaló que “lo importante es que esta ley de uso de la fuerza no limite el accionar de las policías, sino que todo lo contrario, permita que tanto las Fuerzas Armadas como las Policías en estado de excepción constitucional o en resguardo de infraestructura crítica sepan que tienen el apoyo de una legislación robusta; y creo que eso lo hicimos”.
Por su parte, el representante de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper, enfatizó que lo que se hizo fue elaborar una “buena ley” que apunta a darle certeza jurídica a sus destinatarios que son las Policías y las Fuerzas Armadas, “por lo tanto, nos vamos con buenas noticias, con una presunción que les permite tener tranquilidad, a aquellos que cumplen la ley, de que van a ser juzgados razonablemente por la justicia especializada” y atribuyó el rechazo de la oposición a la indicación que devuelve la jurisdicción a la Justicia Militar a razones “ideológicas”.
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