El escándalo sobre las licencias médicas fraudulentas ha activado una serie de medidas para controlar este tipo de situaciones. En este ámbito, el Congreso Nacional ha generado un conjunto de acciones fiscalizadoras, pero también hay proyectos que apuntan a una mayor fiscalización como es el caso de dos iniciativas que no lograron avanzar en su tramitación en la Comisión de Salud de la Cámara.
A mediados de mayo se promulgó y publicó el proyecto sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales. La iniciativa del Gobierno ingresó a trámite en marzo de 2022 con discusión inmediata y tardó casi dos años y medio en salir del Congreso.
Mientras que los otros dos proyectos, ambos presentados por diputados de Chile Vamos en distintos periodos, el segundo suscrito además por el independiente Tomás Lagomarsino, no fueron tramitados. Por un lado, la moción sobre otorgamiento y uso de licencias médicas que aumentaba penas e incorporaba otras sanciones, ingresada en julio de 2012, fue enviada a la Comisión de Salud de la Cámara y no siguió avanzando.
Un destino similar tuvo una moción un poco más reciente, ingresada el 24 de enero de 2023, a sólo días del receso estival de los parlamentarios, enviada a la misma comisión, que tampoco continuó su tramitación. Se trata de la iniciativa que apunta más directamente a terminar con el mal uso de las licencias médicas, ya que modifica diversos cuerpos legales para aumentar las sanciones por la obtención y otorgamiento de licencias médicas falsas.
Marco institucional para perseguir y sancionar
Consultado sobre lo ocurrido, Lagomarsino explica que sí se podría tramitar la iniciativa que aumenta las sanciones por la obtención y otorgamiento de licencias médicas falsas (del año 2023), pero -subraya- que el proyecto del Ejecutivo sobre fortalecimiento de Fonasa que se tramita actualmente contiene algunos elementos sobre licencias médicas, relacionados con las sanciones administrativas, por lo que manifiesta su convicción de que “hoy día tenemos un marco institucional suficiente para perseguir y sancionar ejemplificadoramente”.
En cualquier caso, agrega el diputado, “podemos agravarlo mucho más, es cierto -dice aludiendo al proyecto del año 2023-, pero al menos el Estado tiene que hacerse cargo y las instituciones tienen que funcionar respecto de lo que se requiere y lo que existe. Porque si el Estado no es capaz de sancionar a partir de las sanciones que ya existen no tiene sentido avanzar en sanciones mayores”.
Por otro lado, plantea algo de lo que poco se ha hablado y es que el sistema de consultas telemáticas, después del Covid, se adaptó y complejizó mucho más, con el objeto de darle un empuje a la telemedicina; no obstante, reflexiona, “las licencias médicas por telemedicina se prestan para malas prácticas”.
Patita coja
Por su parte, la presidenta de la comisión, la diputada Helia Molina (PPD), coincide con Lagomarsino en que la ley publicada en mayo y que ya está en vigencia, le entrega más atribuciones a las entidades responsables de la fiscalización, como por ejemplo el Compin y la Suceso, para ejercerla sobre los emisores de licencias médicas. En este sentido, plantea que “esta ley es bastante integradora, por lo tanto, le dimos prioridad a este proyecto, que, además, venía del Ejecutivo, por lo que tenía todo el respaldo financiero que requiere”.
Sin embargo, admite que dadas las circunstancias queda en evidencia que la nueva ley “tiene una patita coja”, ya que cuando se tramitó este proyecto se puso el foco en los emisores de licencias, es decir, en los médicos; pero que si bien estas son un derecho de los trabajadores cuando se requiere reposo, “pero, hoy día, dado el escenario, con el informe de la Contraloría, la pata coja tiene que ver con que también hay que ver en qué medida sancionamos a los que hacen mal uso de la licencia, porque puede estar bien dada, pero eso no autoriza a salir del país”. Entonces, agrega que ahí hay vacío en relación a la sanción para aquellos que hacen mal uso de la licencia.
Es por ello que especula que tal vez se debería pensar en una iniciativa que más que por la Comisión de Salud fuera analizada por la Comisión de Trabajo “o de los organismos que regulan el ausentismo”, porque la ley recientemente publicada está enfocada en los emisores y, a su juicio, habría que agregarle la otra parte que apunte a los pacientes o trabajadores que hacen mal uso del documento.
De ahí que plantee que tal vez lo más razonable sería hacerle algunas modificaciones a la nueva ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales; “para ver en qué medida agregarle algunos artículos que puedan ser más sancionadores”, tanto para los receptores de las licencias como para los emisores.
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