El martes 11 de abril, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso ante la Comisión del ramo en el Senado, encabezada por Ricardo Lagos Weber (PPD), las indicaciones que el Ejecutivo contempla ingresar al proyecto de royalty minero, mismas que podrían variar su contenido en el supuesto caso que Gobierno y oposición consigan llegar a un acuerdo, particularmente en lo que respecta a la carga tributaria potencial máxima de 50%, ya que se entiende que en el marco de una negociación con Chile Vamos, este guarismo debiera bajar a lo menos hasta 47%.
Ese mismo día el presidente de la comisión aseguró que el martes 18 el proyecto de royalty “se vota con acuerdo o sin acuerdo” con la oposición, tratativas que hasta el momento no han avanzado significativamente, porque según algunos de quienes han participado en las conversaciones o conocido las posturas de los involucrados, las cifras están todavía muy lejanas.
Por su parte, para asegurar la votación del martes y ponerle presión a la decisión de Chile Vamos decidió ponerle la urgencia de discusión inmediata a la iniciativa (tres días en cada cámara) algo que ya le había solicitado el senador Lagos Weber, quien por su parte cerró el plazo de ingreso de indicaciones para el lunes 17 a las 20:00 horas. Ese es el límite que las partes tienen para llegar a un acuerdo.
Sin embargo, el panorama está complejo. Aunque en el oficialismo admiten en privado que el Gobierno puso la cifra del 50% de carga máxima tributaria “con el tejo pasado” -lo que implica disposición a estrechar la cifra-, también observan que la oposición pretende llevarla demasiado a la baja, porque un guarismo que se ha mencionado informalmente es de 43%, mientras que se estima que Marcel podría bajar hasta el 47% sus expectativas.
Todo indica que de aquí al lunes las negociaciones se intensificarán, pues con ese objetivo es que el Gobierno le habría puesto discusión inmediata al proyecto. Sin embargo, de no llegar a un punto medio, el Gobierno ingresará sus indicaciones en los términos que las dio a conocer a la comisión el pasado martes y se votará el proyecto el 18 de abril.
Pero Todas las señales que dio la oposición en la sesión del martes apuntaban a que será dificil el acuerdo, ya que incluso tras expresar sus puntos de vista respecto de lo que no les gusta del proyecto aprobado en general -mismos que han puntualizado muchas veces-, los representantes del sector se retiraron de la comisión antes de que lo hiciera el oficialismo y el propio ministro.
Por lo mismo, dicen repersentantes oficialistas que han seguido el proceso de este proyecto en el Senado, es que el Ejecutivo esperó a que cambiara la conformación de la Comisión de Hacienda para darle fluidez al proyecto de royalty y, por lo mismo, es que le puso urgencia ahora, porque Marcel está consciente de que a la derecha no le gusta el proyecto y que incluso la disposición expresada por el ministro al final de la sesión del martes de avanzar en la invariabilidad, pero sólo en el marco de un acuerdo más amplio, no convenció a la oposición.
El costo del rechazo
Si bien la iniciativa no corre ningún riesgo de que se rechace en la Comisión de Hacienda, ya que este año cambió su conformación y el oficialismo es mayoría –Lagos Weber, Daniel Núñez (PC) y Álvaro Elizalde (PS)- frente a la oposición (Juan Antonio Coloma (UDI) y José García Ruminot (RN)-, lo que preocupa a algunos sectores gobiernistas es que sortear la Sala será un desafío mucho mayor, porque su actual composición no asegura para nada que el proyecto se apruebe, sino más bien lo contrario.
De los 50 integrantes de la Cámara Alta, 25 representan a la derecha, sólo 19 al oficialismo, tres a la DC, dos de Demócratas (exDC) y un independiente. De ahí la importancia de llegar a un acuerdo que sea conveniente para el Gobierno, considerando que las posibilidades de avanzar en una nueva reforma tributaria está siendo cada vez menos probable.
Por lo mismo es que el oficialismo ya está estudiando la estrategia para el caso de que no se apruebe el royalty en la Sala. Nada más simple que adjudicarle a la oposición la responsabilidad política de no contar con más recursos para gasto social, seguridad e inversión pública, entre otras cosas.
El oficialismo no está dispuesto a cargar con el fracaso de esta iniciativa, pero sí a hacer pagar los costos a la oposición, ya que según estiman con el rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria no parece haber pagado ninguno. Más aún cuando el rechazo de este proyecto significaría que no habría recursos adicionales permanentes para los gastos que ha estado asumiendo el Estado en los últimos meses y muy especialmente en seguridad. Y todo, por negarse a aceptar que la gran minería pague más impuestos, lo que no resulta fácil de explicar al común de la gente, señalan en el oficialismo.
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