La primera semana de septiembre de 2018 se prendieron las alarmas en Hacienda: la oposición -mayoría en la comisión técnica de la Cámara- anticipaba su rechazo a la idea de legislar de la iniciativa, lo que obligó al Ejecutivo a negociar con los parlamentarios.
Así, llegaron las firmas de protocolos de acuerdos a partir de enero y hasta abril de este año. La cartera no se movió un ápice respecto a mantener la integración del sistema, pero a cambio se abrió a nuevas compensaciones a los US$ 833 millones de costo anual para el Fisco de integrar el impuesto corporativo con el personal.
El ministro Felipe Larraín fue acogiendo nuevos temas en el debate, siendo el principal la creación de una “contribución” del 1% del valor de los activos fijos de los proyectos de inversión por sobre US$ 10 millones en favor de las regiones y comunas donde operan.
Con este proceder se buscaba amarrar votos de la DC y de los parlamentarios regionalistas ad portas de la votación en Sala que se inicia hoy.
También se hizo una modificación al denominado market maker, un contrato entre un corredor de bolsa y un agente del mercado para aumentar el volumen de transacciones de una acción, calificando así para la exención del impuesto a las ganancias de capital.
En esa línea, la cartera también incorporó ajustes como eliminar las exenciones de contribuciones para los predios forestales; rebajar las contribuciones a adultos mayores vulnerables y de clase media; una nueva Norma Antielusiva para los retiros desproporcionados de utilidades, entre otros.
Sin embargo, hubo cambios anunciados en su momento, pero que se “cayeron” en el camino, siendo el más evidente la propuesta de la Comisión Antielusión, que debió ser retirada de trámite (ver tabla).
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