Tanto jueces como funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) se han manifestado en alerta en las últimas semanas. ¿La razón? La discusión en la Convención Constitucional sobre la posibilidad de fusionar la justicia especializada con una serie de otros tribunales, lo que llevaría a este novel sistema (de 12 años de existencia) a dejar de existir como se lo conoce hoy.
El martes 22 de marzo, el Pleno de la Convención aprobó los artículos 14 y 15 permanentes del segundo informe de la comisión de Sistemas de Justicia. El artículo 14 permanente establece la creación de los Tribunales de Instancia en el país, sin que en su definición se contemplen los TTA. Por su parte, el artículo 15 crea la figura de los Tribunales Administrativos, los cuales según señala la norma podrán funcionar en salas especializadas y tocar distintas materias.
Hasta ahí todo apunta a que la justicia especializada en materia tributaria y aduanera deja de existir para integrarse a algunos de estos nuevos tribunales. Sin embargo, los jueces y funcionarios se aferran a la denominada "disposición cuarta transitoria", la cual en caso de ser rechazada en el Pleno podría darle continuidad a los actuales TTA.
¿La razón? Dicho artículo expresamente consagra la fusión de los TTA y otras instancias especializadas con los Tribunales Administrativos.
Una minuta elaborada por las asociaciones de jueces (Anmttach) y funcionarios del organismo (Afunttach) advierte de la "gravedad" de que se apruebe la disposición transitoria.
"Esto es sin duda alarmante, pues no sólo implica más temprano que tarde la eliminación de los TTA como tribunales especializados, sino que además la normativa establece, de forma inexplicable, una regulación diferenciada respecto de otros tribunales especiales como los Ambientales, a los cuales, en el artículo 14, se les da el carácter de Tribunales de Instancia, excluyendo de dicha calificación, sin justificación válida alguna, a los TTA", señala el documento que enviaron a los convencionales ad portas del Pleno donde en los próximos días se votará la idea.
Las agrupaciones plantearon la "impetuosa necesidad" de que sea rechazada la disposición para que los Tribunales Tributarios y Aduaneros no sean incluidos en la norma de fusión, "y así quede protegida la especialización que tantos años y recursos ha costado a este país y que garantiza a todos los ciudadanos el debido acceso a una justicia especializada, independiente y eficaz".
Una consolidación en marcha
En el documento, las asociaciones entregan argumentos a los constituyentes para rechazar la cuarta disposición transitoria, enfatizando que en sus 12 años de funcionamiento como órgano independiente los TTA no sólo han sido "garantes" del respeto de los derechos de todos los ciudadanos obligados a pagar impuestos, sino que, además, han sido "impulsores de grandes reformas" tendientes a garantizar la igualdad entre las partes que litigan ante los TTA.
"Así sucedió con la eliminación de la inadmisibilidad probatoria que limitaba la prueba que los contribuyentes podían rendir en juicio tributario o aduanero; la posibilidad de alegar la nulidad del acto administrativo en sede TTA; y la incorporación del derecho de todo ciudadano (sin importar su "tamaño" desde el punto de vista de la recaudación) de conciliar con los entes fiscalizadores, ante un órgano jurisdiccional, independiente e imparcial como lo es el TTA", señala el documento.
Los jueces y los funcionarios agregan que, en lo más reciente, los TTA han manifestado a las autoridades la necesidad de que la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) tenga la facultad para representar judicialmente a los contribuyentes, principalmente a aquellos que no cuentan con los medios para pagar una asesoría legal adecuada.
"Fusionar los TTA no es bueno para Chile, no sólo porque se pone en riesgo todo lo avanzado en años en materia de especialización de la justicia tributaria y aduanera, sino que porque además el costo de la fusión de los TTA, lamentablemente, lo sufrirán los ciudadanos de este país y la micro y pequeña empresa, quienes se verán obligados a desembolsar grandes sumas para pagar una costosa asesoría para la debida protección de sus derechos, a causa de la incerteza jurídica que generará la pérdida de la especialización de la Justicia Tributaria y Aduanera", cierra el texto.
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