Al rojo vivo está la polémica entre Uber y el Servicio de Impuestos Internos (SII). ¿Por qué? La determinación de la justicia de respaldar un fallo de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) que autorizó el alzamiento del secreto bancario de la compañía.
¿El objetivo? Que el SII acceda a la contabilidad de la entidad para determinar las transferencias hacia su matriz en Holanda y revisar los pagos realizados a los conductores de la aplicación. Esto con la idea de cotejar dichos registros con sus declaraciones de renta. El período de análisis abarca el 1 de enero del 2015 al 30 de mayo de 2017 respecto de las cuentas corrientes de la compañía en el Banco de Chile.
Todo comenzó el 22 de junio del 2017, cuando Diario Financiero informaba que el SII puso la lupa sobre Uber al oficiar a bancos locales solicitando información sobre las remesas enviadas hacia su controladora Uber BV en los Países Bajos.
Con los requerimientos a la compañía, se buscó identificar a los choferes que no declaren la totalidad de las rentas obtenidas. En total, para el año tributario 2016 se informaron pagos por $ 500 millones mientras que para el tributario 2018 ascendieron a $ 60.000 millones.
La solicitud de datos escaló hasta la solicitud para levantar el secreto bancario, a lo que Uber se opuso. El tema se judicializó y el 3 de agosto del año pasado el Primer TTA de la Metropolitana falló a favor del servicio, con lo que pudo acceder a los datos contables de la compañía. Uber Chile apeló, pero el 23 de abril la Corte de Apelaciones confirmó el fallo, lo que llevó a la compañía de transporte de pasajeros a acudir a la Corte Suprema a jugarse todas sus cartas.
El tema se encuentra a la espera del fallo del máximo tribunal, lo que tiene en vilo no solo a las partes involucradas sino a expertos tributarios, debido al precedente que podría establecerse para la fiscalización tributaria de la economía digital.
El 22 de mayo, la Corte de Apelaciones remitió un informe a la Suprema justificando el fallo que levantó el secreto bancario de Uber, asegurando que la sentencia fue dictada "legalmente".
"Sostenemos no haber cometido las faltas o abusos graves que en el recurso se nos atribuye, en los términos a que alude el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, sin que hayamos fallado en contra de la ley ni del mérito de la causa", señala el escrito firmado por los ministros Juan Manuel Muñoz y Jorge Zepada, y la abogada integrante Paola Herrera.
¿Se abre la caja de Pandora?
Para los expertos, el pronto fallo de la Suprema puede abrir un precedente para que el SII acceda a la contabilidad y fiscalice a otras empresas del rubro tecnológico, como Netflix, Spotify o Airbnb.
"Me parece que efectivamente podría replicarse en otros casos. Este caso es una demostración de que en la actualidad, aún sin haberse aprobado todavía el impuesto a las plataformas digitales, el SII cuenta con las herramientas de fiscalización necesarias para verificar el pago de impuestos por parte de estas empresas", señala Claudio Bustos, socio de Bustos Tax & Legal.
El socio de Moraga & Cía., Álvaro Moraga, explica que se marca un hito porque antes se entendía que el alzamiento del secreto bancario aplicaba solo a procesos de investigación de posibles delitos tributarios: "El alcance de esta medida es bastante insospechado, ya que si bien el SII podrá tener acceso a la información, no podrá utilizarla con entera libertad, ya que es una facultad restrictiva con una finalidad determinada y reglada".
"El legislador tributario no premia la originalidad, sino que vela por el patrimonio fiscal. Por ende, este fallo servirá de base para aplicar el mismo procedimiento judicial a las demás empresas que conforman la economía digital", complementa el abogado de Cabello Abogados, Abel Hidalgo.
Para Ignacio Gepp, de Puente Sur, no es "tan obvio" que la fiscalización se pueda extender a otras plataformas, ya que Uber tiene "condiciones especiales" como presencia física en el país: "Esta acción es una señal de alerta para aquellas plataformas que operan en Chile a través de mandatarios en Chile con el fin de recibir o realizar pagos, ya que se evidencia una posición fiscal más agresiva para conocer el trasfondo de las operaciones de dichas plataformas".
El director de Tecnología de Asimov Consultores, Nicolás Silva, explica que como muchas aplicaciones internacionales se pagan por tarjeta de crédito internacional sin boleta, sin factura, donde no hay IVA de por medio, "como resultado negativo, esta fiscalización probablemente provocaría un aumento en el costo de estos servicios a los usuarios".
El socio principal de AK Contadores, Patricio Gana, valora el precedente que se marca para el secreto bancario, el que considera "tiene sus días contados y sería algo que terminará en algún minuto, más temprano que tarde".
Mientras que Eduardo Elgueta, socio de Astur Consultores, complementa que la sentencia daría cuenta de una "una política de fiscalización más agresiva de parte del SII y que, por cierto, se podría perfectamente replicar con otras plataformas digitales".
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