Finalmente, ayer el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica o elimina una serie de exenciones tributarias, con las que busca recaudar cerca de US$ 1.200 millones (0,35% del PIB) para solventar parte de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
El texto mantiene en general la propuesta que hizo en septiembre junto con la ley corta de pensiones, con foco en ajustar beneficios para el mercado de capitales -subiendo de 5% a 10% la tasa del impuesto único a transacciones bursátiles líquidas-, la construcción, el IVA a servicios y los seguros de vida.
Eso sí, hizo aclaraciones para la aplicación del IVA a los servicios. Así, se mantiene que la regla general será que todas las prestaciones estarán afectas al gravamen de 19%, salvo salud, educación, transportes de pasajeros y los prestados por personas naturales vía boleta de honorarios o contrato de trabajo.
Sin embargo, se aclara que estarán exentos los servicios independiente de si el prestador lo hace a través de una boleta de honorarios o mediante una sociedad de profesionales.
Este punto es clave, ya que en la propuesta inicial del Ejecutivo quedaba abierta la posibilidad de que un servicio quedara exento si lo hacía una persona y afecto si lo realizaba a través de una empresa. Gremios de abogados y contadores levantaron este punto durante la tramitación a inicios de octubre.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, explicó ante la comisión del ramo de la Cámara que la idea era “aclarar” ese tratamiento para evitar que se produzcan “problemas” y “asimetrías” en el tratamiento de un mismo servicio.
A su vez, confirmó que los servicios profesionales, las asesorías técnicas y consultorías comenzarán a pagar IVA.
Otro ajuste en esta norma fue la postergación en un año de la entrada en vigencia, con lo que la aplicación del IVA a los servicios comenzará a regir desde el 1 de enero del 2023.
Avanza la PGU
En paralelo, un primer paso en el Congreso dio la PGU propuesta por el Ejecutivo. Esto, luego de que ayer la comisión de Hacienda de la Cámara aprobara por unanimidad el set de indicaciones que ingresó el Ejecutivo a la ley corta de pensiones.
Dichos ajustes implican la creación de la PGU de $ 185 mil mensuales y que será un complemento para la jubilación de las personas pertenecientes al 90% más vulnerable de la población, que será para quienes tienen una pensión autofinanciada base menor o igual a $ 630 mil, que se denomina “pensión inferior”, e irá disminuyendo en forma gradual de acuerdo a una fórmula que incluye hasta las personas que perciben una pensión base menor a $ 1 millón, que se define para el cálculo como “pensión superior”.
Para acceder a la PGU se requiere haber cumplido 65 años de edad y no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 o más años y acreditar residencia en el territorio de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, entre otros.
Eso sí, los diputados incorporaron una modificación: el Ejecutivo se allanó a modificar la gradualidad en el pago y presentó una enmienda que establece que el beneficio comenzará a pagarse el mes posterior a la publicación de la ley en el Diario Oficial.
Esto implica que las instituciones que hoy pagan las pensiones y los beneficios estatales, como el Instituto de Previsión Social (IPS), las AFP y las compañías de seguros, continuarán realizando los pagos en los primeros tres meses de transición, pero que una vez cumplido ese plazo solo el IPS se encargará del pago de la PGU
Luego de la aprobación del texto, la Sala de la Cámara analizará el texto en general y en particular el lunes 3 de enero, al regreso de la semana distrital.
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