La reforma tributaria tuvo ayer su "día D". Tras una serie de tiras y afloja entre los técnicos del Ministerio de Hacienda y los de la Democracia Cristiana (DC), el Ejecutivo finalmente ingresó al Parlamento el set de indicaciones al proyecto que reflejarían el protocolo firmado con la directiva de la falange, documento que ha generado controversia al interior de la bancada de dicho partido y la posibilidad de que los diputados Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz voten en contra del proyecto el gobierno.
En el documento de 130 páginas, la cartera liderada por Felipe Larraín comprometió compensaciones a la integración del sistema tributario por US$ 406 millones, US$ 6 millones más que lo planteado inicialmente a los técnicos de la falange. Así, el detalle incluyó tópicos esperados, como el nuevo aporte de los proyectos de inversión en favor de las regiones, el alza del Impuesto a los Servicios Digitales (ISD), los ajustes a la Cláusula PYME y las limitaciones al uso del Market Maker, entre otros.
Sobre este último punto, se propone que la exención del impuesto a las ganancias de capital se aplique solo si el contrato está firmado con un año de antelación a la fecha de venta. Según el informe financiero, dicha medida generará US$ 45,8 millones de ingresos fiscales en régimen.
El tópico que mayor recaudación por año le redituará al Fisco será la nueva Norma Antielusión, la cual castigará los retiros "desproporcionados" de utilidades que superen la participación en el capital y "que no tengan una razonabilidad económica o comercial".
Así, se establece un impuesto único del 35% y otro de 25% para quienes realizaron retiros de manera abusiva desde el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) histórico, con el que se recaudarán US$ 135 millones.
Nuevos fondos para regiones
La cartera concretó uno de los ajustes más esperados por el mundo político: la creación de una "contribución" del 1% de los proyectos de inversión en favor de las zonas en las que operan, con el fin de dotar de mayores ingresos a las regiones y comunas.
El mecanismo consiste en que el porcentaje será pagado por los proyectos que comprenda la adquisición, construcción o importación de bienes físicos del activo inmovilizado por un valor desde US$ 10 millones.
Eso sí, para estar afectos a la contribución, los proyectos deberán haberse sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental.
Las indicaciones establecen excepciones para el pago del 1%, entre las que se cuentan las iniciativas destinadas a actividades de salud, educación, ciencia, investigación, tecnología, y construcción de viviendas y de oficinas, previa solicitud a Hacienda.
La contribución deberá ser declarada y pagada ante Tesorería en abril de cada año, pudiendo dividirse en cinco cuotas anuales y sucesivas.
También se establece que las empresas afectas tendrá derecho a un crédito tributario equivalente al 50% del monto, el que se imputará al impuesto de Primera Categoría.
¿Dónde irán los fondos? Un tercio se podrá destinar a un Fondo de Contribución Regional, el que "complementará" el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), gestionado por la Subdere. Además, hasta dos tercios podrán depositarse en otro fondo destinado a las regiones donde se emplacen y ejecuten los proyectos. La mitad de dichos recursos deberán destinarse a las comunas donde se emplacen las inversiones, los que serán adjudicados tras concurso.
En régimen, esta medida generará ingresos netos por US$ 107,7 millones para el Fisco.
Exenciones limitadas
Hacienda cumplió la promesa de eliminar las exenciones en el pago del impuesto territorial para los predios forestales, exceptuando los de bosque nativo. Con dicha medida, se recaudarían US$ 2,9 millones.
Un punto en el que innova la cartera es que se limitan exenciones del pago del impuesto adicional (que oscila entre 35% y 15%) para las universidades cuando realizan pagos a personas extranjeras. Así, dicho beneficio solo aplicará para trabajos técnicos, servicios profesionales, capacitaciones, charlas o conferencias y otros "siempre que se relacione con las actividades docentes que le son propias". Este camino recaudará US$ 1 millón por año.
Cláusula PYME
Uno de los tópicos más controvertidos de la negociación gobierno/DC fue el régimen para las PYME. Hacienda mantuvo el nuevo sistema denominado "Cláusula PYME", pero aumentando desde 50 mil UF a 75 mil UF el tope de ventas para acogerse al esquema simplificado. Todas las compañías que lleguen hasta ese tope de ingresos anuales podrán incorporarse al régimen. El incremento del tope restará US$ 39 millones en régimen a las arcas públicas.
También el ministerio cumplió con lo convenido en protocolos previos y aumentó desde 10% a 19% la tasa del impuesto a las plataformas digitales, asimilándola al IVA. Dicha propuesta recaudará US$ 2,9 millones adicionales a lo propuesto en el proyecto original.
En otros tópicos, se limitó desde 4 mil UF a 3 mil UF el incremento del tope del crédito especial para empresas contructoras; y se propuso incrementar en US$ 10 millones el presupuesto para el fortalecimiento tecnológico del Servicio de Impuestos Internos (SII).
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